Leoncio Prado, Monzón y Yanajanca registran más de 120 adolescentes embarazadas

TINGO MARÍA-Emer Arangüez

Más de 120 casos de adolescentes gestantes ha detectado en la provincia de Leoncio Prado y los distritos de Monzón y Santa Rosa de Yanajanca, en Huamalíes y Marañón, respectivamente, el módulo de la Defensoría del Pueblo de esta ciudad.

Así lo reveló el coordinador del Módulo Defensorial de Tingo María, Jorge Mendoza, citando la información proporcionada por la Red de Salud Leoncio Prado durante la supervisión realizada por dicho módulo.

«A la fecha se reportan más de 120 casos de menores de 17 años en estado de gestación, de las cuales alrededor del 20 % son menores de 14 años, por lo que, se presume, podrían configurar posibles delitos de violación sexual, conforme lo señala el ordenamiento normativo del país», comentó Mendoza.

Según la información proporcionada por la Red de Salud de Leoncio Prado, agregó, dichos casos de embarazos adolescentes se han reportado en los distritos de José Crespo y Castillo, Pueblo Nuevo, Pucayacu, Mariano Dámaso Beraún, Hermilio Valdizán, Luyando, Daniel Alomía Robles y Rupa Rupa de la provincia de Leoncio Prado.

Y, en los distritos de Monzón de la provincia de Huamalíes, y Santa Rosa de Alto Yanajanca, de Marañón.

Frente a estas cifras, el responsable del módulo de la Defensoría del Pueblo en Tingo María hizo un llamado a los responsables Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (Aurora), a abordar de manera conjunta la problemática del elevado índice de adolescentes embarazadas.

En ese sentido, planteó implementar con urgencia el Protocolo de actuación conjunta entre los centros emergencia mujer (CEM) y los establecimientos de salud, aprobado en 2019.

Dicho protocolo  establece pautas para la atención de casos de violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar a fin de garantizar el acceso integral y oportuno a los servicios públicos que correspondan.

Jorge Mendoza también pidió información respecto a las acciones interpuestas ante el Ministerio Público.

Además, exigió la intervención de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Leoncio Prado, con medidas inmediatas que garanticen la continuidad del acceso a clases escolares a las adolescentes gestantes, conforme lo establece la Ley n.° 29600, que fomenta la reinserción escolar por embarazo, así como en su reglamento y la Guía para promover la continuidad educativa de estudiantes en situación de embarazo y maternidad.

«Recordamos que el Estado está obligado a cumplir y proteger el derecho de acceso a la justicia y la educación de las niñas y adolescentes gestantes víctimas o no de violación sexual, por lo que esperamos una actuación conjunta de todos los sectores y nos mantendremos vigilantes a las acciones de cada institución», demandó Mendoza tras advertir que la mayoría de adolescentes embarazadas interrumpe sus estudios.

     
 

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