Por obra inconclusa, caseríos de Llata sin agua ni desagüe
Proyecto no abastece de agua potable a familias rurales y genera un perjuicio económico de S/ 1.2 millones
Veintiséis familias del caserío de Ishanca en el distrito de Llata carecen de los servicios de agua y desagüe, debido a que la obra de saneamiento destinada a beneficiarlas quedó inconclusa y con deficiencias, advirtió un informe de la Contraloría General de la República que además cuestionó que la Municipalidad Provincial de Huamalíes haya recibido y liquidado dicho proyecto inconcluso en el año 2018.
Dicha obra ejecutada en el 2018 con 5 694 647 soles de presupuesto buscaba proveer servicios básicos a cinco caseríos.
Sin embargo, en Ishanca, 26 familias de las 41 beneficiarias continúan consumiendo agua de canales de riego sin tratamiento, exponiendo su salud a riesgos graves, indica el Informe de Control Específico n.° 046-2024-2-0400-SCE.
Durante la inspección de los profesionales de Contraloría a dicha obra, detectaron diversas deficiencias como fugas de agua de la captación debido a rajaduras en el concreto, un sistema de cloración inoperativo, las tuberías de agua instaladas sobre puentes aéreos no tienen sostenimiento y están expuestas a la intemperie, y líneas de conducción que no cumplen con las especificaciones técnicas.
El informe señala que pese a estas irregularidades, los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Huamalíes otorgaron las conformidades y pagaron al contratista el 100 % de las valorizaciones, generando un perjuicio económico de 1 millón 242 mil 287 soles.
Por estos hechos se halló presunta responsabilidad penal en cuatro servidores públicos: John Cristian Carrera Tafur (gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano y miembro del Comité de Recepción), Marcos Antonio Sáenz Flores (subgerente de Obras y Liquidación) Diego Edmundo Calixto Bazán y Sergio Honorio Berrospi (miembros del Comité de Recepción de la Obra).
Además, en el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 015-2022-2-0400-AC, se encontraron deficiencias similares en otros cuatro caseríos (Nuevo Oriente, Buena Vista, Juturpaj y Huergosayog). En dos de ellos más de 64 familias tampoco contaban con dichos servicios cuando concluyó el proyecto.
La Contraloría recomendó a la Procuraduría en Delitos de Corrupción de Funcionarios iniciar a las acciones penales contra de los responsables de dicho perjuicio económico y que han sido identificados en el informe.