Quince fiscales intervienen el Gobierno Regional por denuncia de retardo de funciones

Quince fiscales, seis asistentes fiscales, una perito contable y varios efectivos policiales intervinieron la mañana del lunes varias oficinas del Gobierno Regional ante la denuncia del abogado Gerónimo Villogas Baylón contra el gobernador regional, Juan Alvarado, por retardo de deberes funcionales y falsedad genérica.

El abogado atribuye a la autoridad regional de no gastar el presupuesto asignado para la lucha contra la covid-19 y de “alterar la verdad intencionalmente al inaugurar la planta de oxígeno medicinal del hospital  de Tingo María, a sabiendas que ya estaba en funcionamiento”.

La denuncia con fecha 3 de agosto llegó la tarde del viernes al Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa a cargo del fiscal James Junior Lurita Moreno quien solicitó el domingo el apoyo de otros fiscales para la diligencia de “inspección fiscal” en el Gobierno Regional a las 11 de la mañana del lunes.

Si bien la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores, Ana María Chávez, autorizó el apoyo a Lurita Moreno de 9 fiscales, entre provinciales y adjuntos, una perito contable, una fedataria y  un analista de la Unidad de Audio y Video, en total participaron 15 fiscales, precisó una fuente del Ministerio Público.

Los 15 fiscales —nunca antes desplegados para una diligencia en el Gobierno Regional— y policías se presentaron la mañana de ayer para realizar la diligencia en las oficinas de Contabilidad, Presupuesto, Administración, Logística y Almacén. “Con los peritos vamos a realizar la revisión documentaria y también ver por qué la demora del gasto del presupuesto cuando nos encontramos en una emergencia”, indicó James Lurita.

Los fiscales inspeccionaron varias oficinas.

LA DENUNCIA

Se supo que los fiscales incautaron documentos relacionados a la ejecución presupuestal y la instalación de la planta de oxígeno en el Hospital de Tingo María.

Para sustentar su denuncia contra el gobernador regional por omisión de deberes funcionales en su modalidad de retardo de actos funcionales, Villogas Baylón sostiene que el Gobierno Nacional transfirió al Gobierno Regional la suma de 32 millones 491 mil 936 soles para la lucha contra la covid-19; “empero, como se advierte del portal de transparencia del MEF [Ministerio de Economía y Finanzas], en la genérica de gasto existe un avance de solo el 34.4 %…”, argumenta.

“Juan Alvarado retardó de manera dolosa, como titular del pliego presupuestal del Gobierno Regional Huánuco, realizar el deber de función del gasto público para la lucha contra el covid-19 en su oportunidad, lo que ha ocasionado a la fecha la muerte de 350 personas”, afirma el abogado que ayer también participó en la diligencia fiscal.

Con relación al delito de falsedad genérica o subsidiaria que atribuye al gobernador regional, Gerónimo Villogas afirma que “alteró la verdad intencionanalmente respecto al funcionamiento y capacidad de producción de oxígeno medicinal (…)” de la planta de oxígeno del Hospital de Tingo María.

Como sustento de su dicho adjunta una entrevista que Alvardo brindó a la televisora ATV y que reproduce en su escrito: “Lo que queremos decir es que en la provincia de Leoncio Prado ha empezado a funcionar al 100% la planta de oxígeno, esta planta va a producir 20 metros cúbicos por hora, esto nos permite de que diario debemos estar llenando más o menos de 40 a 45 balones para abastecer a nuestra provincia de Leoncio Prado, a los distritos y también apostar a la misma capital de nuestra región que es Huánuco” (…)

Para Villogas “la falacia vertida por el denunciado [Juan Alvarado], es más que evidente, por cuanto la citada planta de oxígeno medicinal del hospital de Tingo María, ya está en funcionamiento desde hace más de un año, la misma que abastece a las seis camas UCI de dicho nosocomio, y lo que es peor, dicha planta de oxígeno medicinal funciona en forma defectuosa, es decir, produce oxígeno un tiempo mínimo para luego de manera imprevista dejar de funcionar…”

Ante esta denuncia, ayer lunes el fiscal James Lurita resolvió abrir investigación preliminar en sede policial por el plazo de 60 días contra Juan Alvarado Cornelio por la presunta comisión del delito contra la administración pública-delitos cometidos por funcionarios en la modalidad de retardo de deberes funcionales y por delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad genérica en agravio del Estado Gobierno Regional de Huánuco.

En su disposición, el fiscal programó varias diligencias, como la de recibir la declaración del denunciante, del denunciado, oficiar a la Contraloría para que intervenga según sus funciones y la inspección fiscal en el Gobierno Regional, que se realizó ayer, y la inspección a la planta de oxígeno del Hospital de Tingo María, entre otras.

     
 

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