Sentencia caso EMMA, una llamada de atención contra el abuso
El 10 de noviembre de 2020, una adolescente de 14 años, y su hermana mayor, fueron intervenidas violentamente por varios agentes de la Policía Nacional del Perú, y luego detenidas de forma arbitraria. El hecho ocurrió en el centro de Lima, entre la avenida Inca Garcilaso de la Vega y el jirón Quilca, aproximadamente a las 22 horas, cuando se dirigían a su casa luego de participar en una marcha pacífica de protesta contra el golpe de Estado perpetrado por Manuel Merino y la mayoría del Congreso de la República.
Enmarrocadas y conducidas a la comisaría de Alfonso Ugarte, la adolescente estuvo privada de libertad por más de 19 horas. Durante la intervención policial había sido golpeada en los brazos, cabeza, espalda, le jalaron del cabello, y estando detenida recibió tratos humillantes, sometiéndola a situaciones de intimidación verbal y gestual.
Así es como empecé a describir los hechos que tuvimos ocasión de conocer días después de haberse producido, en la presentación de la historieta que meses después se me ocurrió proponerle al talentoso historietista peruano Juan Acevedo.
Basada en el testimonio de la adolescente, a la que llamamos EMMA, el objetivo de la historieta fue denunciar la transgresión de sus derechos demandando que se haga justicia, para así garantizar que hechos como aquellos no se repitan.
«EMMA y el derecho a la protesta» fue el título de la historieta, y en ella se hizo énfasis a la protesta pacífica como un derecho constitucional, que en democracia puede ser ejercido sin restricción alguna. A la luz de lo acontecido apenas un par de años después, entre diciembre 2022 y febrero 2023, con las masacres perpetradas durante el gobierno de Dina Boluarte y consentidas por los grupos políticos que la sostienen o que gobiernan con ella, es evidente que su entraña autoritaria no les permite entenderlo.
Por eso es tan importante la justicia. Paz y Esperanza, con el apoyo del Programa de Apoyo a la Sociedad Civil-PASC de Save the Children, brindó patrocinio legal a EMMA, y fue así como pudo acompañarle en el juicio oral que el Primer Juzgado Penal, de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, iniciara en diciembre de 2024, a casi cuatro años de los hechos.
En la audiencia, EMMA ratificó ante los jueces que fue objeto de abuso de autoridad, y reafirmó que como adolescente solo quiso ejercer su derecho a la participación en asuntos de relevancia para el país.
Durante el proceso, y desde antes del juicio oral, se evidenciaron graves falencias en varios aspectos de la administración de justicia, como en el trato a las víctimas cuando se trata de niñas y adolescentes, y la necesidad de subsanar insuficiencias que tienen que ver con la formación de los magistrados.
Finalmente, ayer, tras seis meses de juicio oral, el Juzgado Penal Colegiado Nacional dictó sentencia condenando a Artemio Obregón Alarcón y a Linda Karen Ovalle Ramírez, oficiales de la Policía Nacional del Perú, como autores del delito de abuso de autoridad en agravio de EMMA y de su hermana, imponiéndoles una pena privativa de la libertad de 3 años e inhabilitación por el mismo periodo.
En la sentencia se destaca el valor preponderante que los jueces le dan a los vídeos que registraron los hechos, los cuales muestran el mal proceder de los policías acusados quienes, además de hacer uso desproporcionado de la fuerza, intentaron falsear la realidad mostrando como ciertos hechos que jamás sucedieron.
Ha sido importante, también, que se haya denunciado a la fiscalía de turno que, a criterio de los jueces, «pese a que las agraviadas fueron intervenidas ilegalmente ni siquiera se dignaron en presentarse físicamente» a la comisaría.
Hay varias cosas por destacar de la sentencia, y refiriéndome solo a aspectos positivos quiero concluir con lo que comentó el director de debates, juez del Carpio Narváez, al finalizar la audiencia.
Dijo el juez: «He entendido que a veces las cosas no son como nos presentan las autoridades, es una llamada de atención para mí mismo. A veces damos por sentado ciertas cosas, que normalizamos y que ahora entendemos que no debe ser así. Las autoridades judiciales deben aterrizar al llano para entender y comprender que estas cosas suceden y que hay que dar oportunidad para que las personas puedan explicar, denunciar esos hechos, porque la idea no es ocultar sino encontrar responsabilidades y, siendo justos, sancionarlas».