Juan Alvarado a juicio por demorar gasto de presupuesto en la emergencia de la covid-19

El ex gobernador regional, Juan Alvarado Cornelio, su entonces gerenta de Planeamiento y Presupuesto, Graciela Alcedo Guillermo, y su director de Contabilidad, Alfio Esteban Barra, pasarán a juicio oral acusados de haber incurrido en el delito contra la administración pública-delitos cometidos por funcionarios públicos en la modalidad de retardo de deberes funcional al no haber ejecutado el total del presupuesto para atender la emergencia sanitaria por la covid-19 entre marzo y julio del año 2020.

El caso impulsado por el fiscal provincial del Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, James Junior Lurita Moreno, en contra de dicha exautoridades regionales pasó ayer el control de acusación.

En efecto, en audiencia dirigida por el juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Amarilis, José Carmelo Solís Canchari, declaró saneado el caso y ahora pasará a un Juzgado Unipersonal para juicio.

Al formalizar su acusación, el fiscal sostuvo que al 30 de agosto del 2020, Alvarado, Alcedo y Esteban no ejecutaron de «manera oportuna» el presupuesto de 32 millones 491 mil 936 soles asignados para la lucha contra la covid-19, ni atendieron oportunamente el requerimiento presupuestal del entonces director regional de Salud, Fernando Ramos.

«Hemos comprobado que desde la declaratoria de emergencia nacional [marzo 2020] no han atendido de manera oportuna las propuestas de modificación presupuestarias, teniendo los recursos asignados en el Pliego Gobierno Regional de Huánuco, en la actividad presupuestal n.° 5006269 Prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus, que al 10 de agosto del 2020 asciende a la suma de S/ 32 854 722.00», detalla el fiscal.

Así, detalla que el 20 de marzo del 2020 el director regional de Salud presentó al Gobierno Regional el Plan de Reforzamiento de los Servicios de Salud y Contención del covid-19 que demandaba 15 millones 378 mil 495 soles de presupuesto.

«A pesar de existir tal pedido y contando con los recursos económicos suficientes, lejos de adoptar medidas inmediatas para contener efectos adversos en la sociedad huanuqueña producto de la enfermedad, [Alvarado] retardó las acciones necesarias tendientes a la asignación de presupuesto para la prevención, control, diagnóstico y tratamiento del coronavirus, así como la adquisición de bienes e insumos para prevenir dicho virus y la adquisición de equipos compresor de oxigeno medicinal», señala el fiscal.

Afirma que esta situación de retraso se repitió cuando la Diresa le pidió el 12 de mayo del 2020 «con suma urgencia» autorice la puesta en funcionamiento de la planta productora de oxigeno del Hospital Nuevo de Tingo María. «Sin embargo —dice el fiscal—, tarda cerca de tres meses en atender dicha necesidad (…) mediante Resolución Gerencial Regional N°267-2020-GRH/GRDS del 03 de agosto del 2020, se aprueba el Expediente Técnico de la Inversión de Optimización: Adquisición de Planta Generadora de Oxigeno Medicinal, coincidentemente en fechas en que la mortalidad de la población huanuqueña se acrecentaba producto del covid-19…»

Cuando la Fiscalía revisó en el portal electrónico del MEF el avance del gasto presupuestal del Gobierno Regional al 31 de julio del 2020 constató que era de «solo el 34.4 %…».

Pero, cuando el 10 de agosto del 2020 la Fiscalía realizó la diligencia de inspección fiscal en el Gobierno Regional verificó que el gasto del presupuesto asignado para la lucha contra la covid-19 era de 14.5 %, según lo dijo entonces el director de Administración Jhonny Baldeón Vásquez.

En el caso de Graciela Alcedo, el fiscal sostiene que «omitió adoptar acciones tendientes a la planificación presupuestaria para educación (…) así como financiar el pago correspondiente al mes de julio del personal de los equipos del Programa Regional de Salud Familiar y Comunitaria denominado Equipo de Respuesta Rápida Covid-19, a pesar de que el Gobierno Regional contaba con fondos necesarios para atender las necesidades en el sector educación y para cubrir las necesidades de la emergencia sanitaria».

Y sobre el entonces director de contabilidad Alfio Esteban «que, retardó la ejecución de las acciones del sistema administrativo de contabilidad tendiente al traslado de los fondos al Gobierno Regional de Huánuco, proveniente del Gobierno Central»

OMISIÓN Y FALSEDAD GENÉRICA

Este caso comenzó con la denuncia del abogado Jerónimo Villogas el 3 de agosto del 2020, quien acusó a Alvarado de omisión de deberes funcionales y falsedad genérica.

El abogado cuestionaba que el Gobierno Regional solo había utilizado el 23.4 % de los 32 millones 491 mil 936 soles que tenía de presupuesto para la lucha contra la covid-19.

Y alegó que el gobernador había mentido al declarar a un medio de comunicación nacional que la planta de oxígeno del Hospital de Tingo María había empezado a funcionar y que ibaa a producir 20 metros cúbicos de oxígeno por hora, cuando —a decir del abogado— ya venía funcionando de manera defectuosa.

Tras concluir su investigación, el fiscal James Lurita formuló acusación pidiendo que el ex gobernador regional, Juan Alvarado; su gerenta de Planeamiento y Presupuesto, Graciela Alcedo; y su contador Alfio Esteban Barra sean condenados a 8 meses de pena privativa de la libertad y al pago de 4 mil soles de reparación civil cada uno.