Trece funcionarios del Hospital Hermilio Valdizán comprometidos en pago excesivo por recojo de residuos sólidos

Contraloría afirma que contrataron de manera irregular a empresa que adulteró documentos para cobrar en exceso servicios adicionales

Irregularidades en el servicio de gestión de residuos sólidos para el Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano entre los años 2022 y 2023 detectó la Contraloría General que ha identificado como presuntos responsables a 13 funcionarios de dicha institución y a la representante de la empresa Multiservi Prosevin S.A.C.

«Los funcionarios de la entidad pagaron a la empresa por volúmenes mayores de recojo, transporte y disposición final de residuos, lo que generó un perjuicio económico de S/ 264 mil», sostiene el organismo contralor en su Informe de Control Especifico n.° 012-2024-2-4764-SCE.

«Durante el 2022 y 2023, la empresa a cargo de prestar el servicio recibió pagos en exceso, las cantidades de residuos hospitalarios recogidos por la empresa durante ese periodo no coinciden con el control de registro de la oficina de epidemiología y salud ambiental del hospital», indica.

Entre el 24 junio y 22 julio del 2022, la mencionada oficina reportó 33 868 kilos de residuos generados; sin embargo, los funcionarios otorgaron la conformidad al contratista por 49 495 kilos, volumen mayor con respecto a lo verificado en el comprobante de pago que la empresa presentó a la entidad, por lo que servidores públicos pagaron a la empresa S/ 88 597, cuando debió pagarse solo S/ 60 623, indica el referido documento.

Estos pagos en exceso, afirma la Contraloría, se repitieron durante 12 meses. La entidad pagó por el recojo de 147 toneladas más de residuos hospitalarios, cuando en todo ese periodo solo debió pagar por la gestión de 195 toneladas, teniendo en cuenta que la entidad estableció que el precio unitario por cada kilo de residuo recogido y transportado, hasta su disposición final, debía ser de S/ 1.79. Estos pagos en exceso generaron un perjuicio de S/ 264 792, subraya.

Además, indica el Informe de Contraloría, la empresa adulteró las boletas de pesaje. En algunos casos el código QR de las boletas no coinciden con el número de las boletas, se presentaron boletas de pesaje falsos para sustentar que sus vehículos ingresaron a la entidad a prestar el servicio, pero al verificar el cuaderno de ocurrencias de la empresa de vigilancia, los vehículos no ingresaron en varias ocasiones. Pese a ello, los funcionaros públicos dieron conformidad sin antes observar las boletas de pesaje, con las que la empresa sustentó la prestación del servicio.

El referido Informe de Control señala presunta responsabilidad en trece funcionarios públicos, cuatro de ellos con responsabilidad sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General, diez con responsabilidad administrativa y uno con responsabilidad penal.

Se trata de Rocío del Pilar Berrospi Zevallos (jefa de la Oficina de Administración del 13-9-22 al 30-11-22), Lee Gian Chang Arosemena (jefa del área de Adquisiciones desde el 13-6-22), Elvis Enrique Saldaña Vela (jefe de la Unidad de Logística del 10-6-22 al 23-1-23) y Guillermo Carlos Peña (jefe del área de Afectación Presupuestal y Control Previo desde el 5-8-22).

También de Hermán Omar Saavedra Rengifo (jefe de la Unidad de Logística del 13-2-23 al 8-5-23), Juan Carlos Fretel López (jefe de Asesoría Jurídica del 19-1-23 al 15-424) y Luis Enrique Ronquillo Soto (jefe de Administración del 201-12-22 al 30-11-23). Los tres sujetos a la potestad sancionadora de la Contraloría al igual que Walter Wilfredo Durand Acosta (jefe de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento del 9-5-22 al 21-5-24) quien además tendría presunta responsabilidad penal en los hechos descritos por la Contraloría.

Los otros presuntos responsables sujetos a sanción por su entidad son César Alberto Gonzáles Prado (jefe de la Unidad de Economía desde el 01-06-23), Frey Frider Castañeda Advíncula (jefe del área de Afectación Presupuestal y Control Previo desde el 1-8-23), Flora Melva Manrique Rojas (jefa de Tesorería del 3-8-22), Jhubert Matos Arratea (jefe de Adquisiciones del 24-1-23 al 1-3-24) y Edwin Rojas Liberato (jefe de la Unidad de Logística del 9-5-23 al -24-1-24).

Y con presunta responsabilidad penal ha sido señalada también la representante legal de la empresa Multiservi Prosevin S.A.C., Katia Naomi Meza Caballero.

La Contraloría recomendó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción iniciar las acciones legales contra dichos funcionarios y exfuncionarios.