Bukele, Maduro y Ortega, los dictadores no son del mismo color

«Las tiranías latinoamericanas se definen como ideológicamente contrapuestas, pero son bastante similares en sus métodos», dice en un reciente artículo Francesco Manetto, periodista y editor de EL PAÍS América.

Se refiere, desde el título, a los presidentes de El Salvador, Nicaragua y Venezuela, que desde proyectos políticos e ideológicos en apariencia distintos han coincidido en la implementación de estrategias para debilitar las instituciones democráticas de sus países, concentrando todo el poder.

Si caracterizamos una dictadura como un régimen donde una persona -o un grupo- concentra el poder, no existe separación de poderes, se reprime a opositores, se violan derechos humanos, se ataca y persigue a la prensa, se interviene y manipula el sistema electoral, y se desvirtúan los mecanismos de control democrático, Nayib Bukele, Daniel Ortega y Nicolás Maduro son dictadores.

Los dictadores suelen tener complejo mesiánico. Creen ser los únicos capaces de interpretar las necesidades de la gente y de resolver sus problemas. En tanto, según sus delirios, no hay nadie más que pueda arreglar las cosas y garantizar el desarrollo de sus pueblos, asumen que deben permanecer –perpetuarse- en el poder sin importarles transgredir la ley y reprimir a quienes se opongan.

Con las instituciones del Estado tomadas o sometidas, sin tener que rendir cuentas, se dedican a cerrar cualquier resquicio que ponga en riesgo sus propósitos. Es así como desde normas como la ‘Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro’, en Venezuela; la ‘Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro’, la ‘Ley de Regulación de Agentes Extranjeros’ y la ‘Ley de Concertación Tributaria’, en Nicaragua; y, más recientemente, la ‘Ley de Agentes Extranjeros’, en El Salvador; se estigmatiza, y se busca controlar y silenciar a la sociedad civil.

Los pretextos son los mismos: transparentar el uso de los recursos, aun cuando como en el Perú existen diversos mecanismos de control y supervisión desde el Estado; e impedir el ‘uso indebido’, de las donaciones lo que generalmente se interpreta, como en la ley que modifica la Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI, como utilizar los recursos para impugnar «acciones administrativas, judiciales o de otra naturaleza, en instancias nacionales o internacionales, contra el Estado Peruano»

El modelo es el mismo, y así como en El Salvador, Nicaragua y Venezuela, en Perú se vulnera, a través de una ley como esa, derechos fundamentales como los de asociación, libertad de expresión, acceso a la justicia, garantías del debido proceso, y el derecho a la participación política.

Bukele, Ortega y Maduro, al igual que Boluarte en Perú, apenas ocultan que sus intenciones son impedir el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos, e inventan y establecen mecanismos para neutralizarlas, ya sea obligándolas a formar «alianzas» con instituciones del Estado, como en Nicaragua, o imponiendo un impuesto del 30 % a las donaciones, como en El Salvador.

El periodista Manetto menciona a un influencer que anuncia que la ley salvadoreña se extenderá a otros países, y recalca que El Salvador solo sigue la deriva autoritaria de Ortega y Murillo en Nicaragua, y de Maduro en Venezuela. Es el mismo camino que hace rato transitan Boluarte y la coalición mafiosa que gobierna el país. La respuesta de los demócratas debe ser perseverar en la lucha por el respeto de los derechos humanos y la democracia, resistiendo pacíficamente la embestida de quienes pretenden destruirla.