Cuando la protección se convierte en impunidad

El Congreso de la República del Perú atraviesa una de sus peores crisis de legitimidad en décadas. Con una aprobación ciudadana que apenas roza el 2% -una cifra que refleja un divorcio profundo entre la representación política y la sociedad- y una desconfianza crónica hacia las instituciones públicas, cualquier decisión que emane del Legislativo es vista con escepticismo. En este contexto, la Comisión de Constitución ha aprobado un polémico dictamen que busca restituir la inmunidad parlamentaria, una figura eliminada en 2021 tras masivas protestas y demandas de transparencia.

Este intento de blindaje institucional no solo reabre heridas en una democracia ya fracturada, sino que plantea una pregunta crucial: ¿Es la inmunidad parlamentaria una garantía para el equilibrio de poderes o un salvoconducto para la impunidad?

El proyecto modifica el artículo 93 de la Constitución, reinstaurando la inmunidad para futuros legisladores a partir de las elecciones de 2026. Aunque se establecen supuestos «controles» —como la autorización previa del Congreso o la Comisión Permanente para procesar penalmente a un parlamentario, con plazos de 30 días (o 24 horas en caso de flagrancia)—, la inclusión del «silencio positivo» (si el Congreso no se pronuncia, el caso pasa automáticamente a la Corte Suprema) genera serias dudas.

Los defensores argumentan que la inmunidad es una «garantía funcional» para proteger a los legisladores de persecuciones políticas y asegurar la independencia del Congreso. Sin embargo, la realidad peruana demuestra lo contrario: entre 2006 y 2021, el 78% de los pedidos de levantamiento de inmunidad fueron archivados por criterios políticos. La ciudadanía no olvida casos emblemáticos en los que congresistas investigados por corrupción, lavado de activos o colusión evadieron la justicia amparados en este privilegio.

Mientras el SERVIR impulsa políticas de modernización del Estado, ética pública y meritocracia, el Congreso insiste en un debate que ahonda la brecha con la ciudadanía. La percepción es clara: los legisladores priorizan su protección personal antes que el interés nacional.

La inmunidad parlamentaria choca frontalmente con los principios de una gestión pública eficiente:

Transparencia: ¿Cómo exigir rendición de cuentas a funcionarios si los propios legisladores gozan de un fuero especial?

Igualdad ante la ley: El Sistema Nacional de Integridad se debilita cuando hay ciudadanos de primera y segunda categoría.

Independencia judicial: El riesgo de que el Congreso -un órgano político- decida sobre procesos penales abre la puerta a la politización de la justicia.

La discusión sobre la inmunidad debería ser parte de una reforma integral del Estado, que incluya:

• ♦ Mecanismos anticorrupción efectivos, sin filtros políticos.
• ♦  Fortalecimiento de la justicia independiente, no sometida a mayorías circunstanciales.
• ♦ Una carrera parlamentaria meritocrática, con evaluaciones de desempeño y revocatorias por incumplimiento.

Pero en un contexto donde el 83 % de peruanos desconfía del Congreso** (Latinobarómetro, 2023), reinstaurar la inmunidad parece un acto de autoprotección de la clase política, no una solución a la crisis de representación.

El Perú no necesita más blindajes institucionales, sino congresistas que rindan cuentas, prioricen el interés público y demuestren con hechos su compromiso con la democracia. La restitución de la inmunidad parlamentaria no solo es regresiva, sino que envía un mensaje peligroso: que la impunidad sigue siendo un privilegio en la política peruana.

La ciudadanía exige un Congreso transparente, eficiente y al servicio del país. ¿Estarán los legisladores a la altura del clamor ciudadano, o seguirán legislando para su propio beneficio? La respuesta definirá el futuro de la democracia en el Perú.