Israel y el derecho a la legítima defensa
Las personas, como los Estados, tienen derecho a la legítima defensa. Su ejercicio, sin embargo, aunque reconocido constitucionalmente (Artículo 2, inciso 23), está sujeto a ciertos requisitos. Uno de ellos es la defensa necesaria o también llamada necesidad racional de los medios empleados.
En el derecho internacional, el derecho a la legítima defensa se establece en el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, «en caso de ataque armado». Los Estados pueden apelar al uso de la fuerza en defensa de su integridad territorial o independencia política.
Desde los ataques terroristas perpetrados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) el 7 de octubre de 2023, que provocaron la muerte de 1.400 personas y el secuestro de aproximadamente 200, el gobierno de Benjamín Netanyahu respondió con lo que él mismo denominó una «poderosa venganza». Alegando que Israel tiene derecho a la legítima defensa, ha desplegado una brutal ofensiva militar que ha provocado la muerte de al menos 62.000 palestinos, entre los cuales más de 17.500 son niños y niñas.
Las cifras del Ministerio de Sanidad de Gaza, avaladas por organizaciones internacionales, indican también que las personas heridas son más de 112.000 y son más de 14.000 las desaparecidas, que se presume están sepultadas bajo los escombros. Save the Children calculaba que, en los primeros seis meses de los ataques israelíes a la Franja de Gaza, 26.000 niños palestinos habían muerto o resultado heridos, y UNICEF apenas dos semanas después del inicio del asedio israelí denunciaba que «La matanza y mutilación de niños, el secuestro de menores, los ataques a hospitales y escuelas, y la denegación de acceso a la ayuda humanitaria son graves violaciones de los derechos de la infancia».
El derecho a la legítima defensa tiene límites, y no debe ser desnaturalizado pretendiendo pasar como tal lo que, según el derecho internacional, podría denominarse crímenes de guerra»
Han transcurrido casi 21 meses desde los ataques de Hamás y la arremetida del gobierno israelí, y la situación ha empeorado para el pueblo palestino. Solo la necedad, la indolencia y la crueldad explican que Netanyahu y sus aliados pretendan excusar la barbarie con el argumento de la legitima defensa.
Lo que ocurre en territorios palestinos es una agresión bastante lejos de los criterios de inmediatez, proporcionalidad y necesidad para que se le llame legítima defensa, que de ninguna manera justifica la violación de las obligaciones que emanan de los tratados sobre derechos humanos y de los tratados sobre derecho humanitario, que son considerados inderogables.
«Incluso las guerras tienen reglas», ha dicho en reiteradas ocasiones el secretario general de la ONU, António Guterres, y es inaceptable y criminal que Israel haya impuesto un bloqueo casi absoluto en la Franja de Gaza, impidiendo el suministro de alimentos, medicinas, combustible y agua potable para la población, sin dejar de bombardear hospitales, viviendas, incluso refugios, según información del Equipo Humanitario de las Naciones Unidas en los Territorios Palestinos Ocupados.
Israel, con la complicidad del gobierno de los Estados Unidos y de varios otros en el mundo, está masacrando al pueblo palestino y condena a los sobrevivientes a morir de hambre. Netanyahu y Trump anunciaron un infierno en la Franja de Gaza, y lo han logrado al convertirla en escombros sin zonas segura para nadie, como lo evidencia los 225 periodistas y 425 trabajadores de organizaciones humanitarias asesinados por cumplir con su labor.
El derecho a la legítima defensa tiene límites, y no debe ser desnaturalizado pretendiendo pasar como tal lo que, según el derecho internacional, podría denominarse crímenes de guerra. Porque lo que está haciendo el gobierno de Netanyahu en los territorios palestinos encaja más con lo que llamamos crímenes contra la humanidad y genocidio.