Ministerio Público en la mira
La coalición que gobierna el país no tolera disidencias. Se propuso controlarlo todo, y lo fue logrando desde el inmenso poder que les dio manejar el Poder Ejecutivo y Congreso de la República, y contar con un Tribunal Constitucional inclinado a consagrar sus fechorías.
Aun así, no siempre pudieron salirse con la suya, encontrando resistencias en instituciones como la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a la que atacaron alevosamente en su afán de proteger a la entonces fiscal de la nación Patricia Benavides, y de tomar el control del organismo que nombra y sanciona a jueces y fiscales, así como a las autoridades de las entidades que organizan las elecciones y tienen a su cargo el registro electoral.
Desde la suspensión y posterior destitución de la fiscal Benavides, decidida por la JNJ, la ofensiva se enfiló contra el Ministerio Público pues fue desde allí que se objetó con mayor fuerza las iniciativas pro-impunidad y favorables al crimen organizado de la coalición gobernante.
Uno de los momentos más álgidos fue cuando en junio pasado la Junta de Fiscales Supremos y los presidentes de las Juntas de Fiscales Superiores y Provinciales se pronunciaron rechazando un conjunto de propuestas legislativas y convocando a la ciudadanía a defender la democracia y el Estado de Derecho, exigiendo el respeto irrestricto de la Constitución Política del Perú y la separación de poderes.
La reacción de la coalición mafiosa no se hizo esperar y desde el Congreso atribuyeron a la Fiscalía «activismo político», e incitación a «actuar contra el orden democrático», emergiendo desde el poder ejecutivo la figura de Juan José Santivañez, ministro del Interior y desbocado vocero y punta de lanza de una de las campañas más agresivas contra el Ministerio Público que se recuerde.
Designado para desmontar el apoyo policial especializado brindado al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), el ministro Santivañez es evidentemente incompetente para enfrentar los problemas de inseguridad ciudadana, pero aparentemente funcional como escudero y cancerbero de la presidenta Boluarte. Congruente con su máxima «para subir todo vale», ha pretendido disimular su insuficiencia responsabilizando al Ministerio Público que, según él, «pareciera ser enemigo de la Policía o de la población», y pronunciándose a favor de su intervención al señalar que «el sistema está podrido» y «ya aquí la manzana tiene que cortarse, y esta labor lógicamente es del Poder Legislativo».
La ojeriza de la coalición corrupta contra el Ministerio Público se ha pronunciado más cuando desde instancias como la Junta de Fiscales Supremos y las Fiscalías del Subsistema Especializado en Derechos Humanos e Interculturalidad se ha rechazado institucionalmente la ley que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra por ser inconstitucional. Asimismo, ha sido enfático el posicionamiento de la Junta de Fiscales Supremos ante la Ley n.° 32108, que consideran inconstitucional «por contradecir la Convención de Palermo y debilitar persecución penal pública de delitos graves relacionados con el crimen organizado».
La aprobación de leyes favorables al crimen se explica por un Congreso con 47 de sus 130 integrantes investigados por diversos delitos, mayoritariamente relacionados con la corrupción. El gato de despensero.
No se trata, por cierto, de negar los problemas existentes en el Ministerio Público, ni las faltas o delitos que pueden perpetrar algunos de sus integrantes —Patricia Benavides, por ejemplo— pero estos deben ser tratados sin recurrir a prácticas abusivas y dirigidas a debilitar aún más la institución.
¡El Ministerio Público está corrompido! dicen algunos que la han emprendido contra la fiscal Marita Barreto y los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez. Hablan de descomposición y, tontamente, de «fiscalía caviar». Denuncian agitados la menesterosa calidad de fiscales, y son, paradójicamente, los mismos que minimizaron las razonables dudas sobre la acreditación y solvencia de Benavides y que celebraron que pusiera la institución al servicio de intereses criminales, y no solo subalternos.
La campaña contra el Ministerio Público se hace con la intención de recuperar su control y manipularla, por eso hay que rechazarla. Debemos exigir que se respete su autonomía, condición indispensable para que cumpla su función de defender la legalidad, y para el fortalecimiento de la democracia.