Por todas partes repudian a la usurpadora: en el Perú y a nivel internacional como en la ONU

Carlos Tucto Rodil
Abogado e investigador social

1.- Los días 17 al 21-9-2023 la usurpadora participó en la 78 reunión anual de la Asamblea General representando al Perú que transcurrió con repudio en la ciudad de Nueva York sede de la ONU por los peruanos residentes en EU de NA. Prácticamente todos los representantes de los países sabían que la usurpadora tiene un gran porcentaje de repudio en el Perú (el 85 %) que se extiende a nivel internacional, principalmente en los países de México y Colombia, además de 8 países europeos (EU de NA., Reino Unido, Francia, Islandia, México, Colombia, etc.) que antes de su viaje le enviaron una misiva en la que le expresan que recuerde el respeto a la democracia y el Estado de derecho con el equilibrio de poderes. Pese a todo ello la usurpadora es una astuta y farsante, así, aprovechaba que se encontraba en los pasillos o en algún ambiente donde se encontraban diversos funcionarios o presidentes como el presidente de EU de NA Joe Biden para tomarse fotografías, luego difundió que tales vistas pertenecían a una reunión supuestamente para tratar temas políticos, pero en la agenda de dicho gobernante no se encontraba anotada dicha «reunión» y con ningún otro país,  y de ninguna manera con Andrés Manuel López Obrador (presidente de México) y Gustavo Petro (presidente de Colombia), quienes en verdad la repudian porque saben de las violaciones de los derechos humanos en Perú, además porque su designación es espuria como suele llamarla AMLO.

 2.- Conviene referirse a algunos detalles de tal visita de la usurpadora: A) Cuando los peruanos residentes le repudiaban con frases como «asesina», ella indicaba a los asistentes del grupo empresarial, que tales personas han sido enviados para cuestionar, pero pagados; B) Al pasar por un lugar perteneciente al edificio multifuncional, donde le esperaban los cuestionadores, le gritaban asesina, usurpadora, debes responder por las muertes, etc., entonces ella levantaba los brazos sonriente manifestando «gracias» y se pasaba de largo, haciendo de cuenta ficticiamente que saludaba a otras personas. Apréciese que es una farsante: actúa fingidamente como si hubiera estudiado arte dramático (se puede inferir entonces que el poder y el dinero le dan estímulo para convertirse en aprendiz de actriz). Esto, nos trae a colación cuando se desempeñó ella como ministra de Desarrollo e Inclusión Social (años 2021 y 2022) durante la presidencia de don Pedro Castillo, es decir cuando iba a ser cambiada del cargo, se ponía a llorar y suplicaba para que no sea cambiada, aduciendo que tenía problemas familiares, con lo que disuadía al profesor Castillo. También recuérdese su actuación en Puno, manifestó a la población, fingiendo lealtad, delante del profesor Castillo dijo que, si lo vacaban, ella lo acompañaba por solidaridad. Y ya vemos cuánto ha cambiado la pelona, usurpando el poder funge de presidenta por decisión del Congreso, ya que se ha sincerado cambiándose de una pretendida ideología de izquierda a defensora del neoliberalismo que saquea nuestros recursos energéticos, como tal tiene las gollerías y el poder para rodearse de gente que le conviene a sus intereses.

3.- Los integrantes de la Subcomisión del Congreso que conoce el caso de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia hicieron un papelón pues el abogado de ellos hizo una defensa impecable, desbaratando los 5 cargos que les imputan, incluyendo el de causa grave conforme sí autoriza el Art. 157 de la Constitución Política a removerlos, pero demostró el abogado constitucionalista Samuel Abad Yupanqui que de ninguna manera concurría la causa grave, así el propio presidente del Poder Judicial Javier Arévalo en su intervención afirmó que no recibió ninguna presión de nadie, menos de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que fue corroborada con la versión de la anterior presidenta del Poder Judicial Elva Barrios. Se infiere que el Congreso pretende removerlos para cambiarlos por otros acordes a sus intereses; pero, por lo menos a tres de sus integrantes: Inés Tello Valcárcel, Imelda Tumialán Pinto y Aldo Vásquez Ríos, quieren removerlos, sí o sí. Todo esto forma parte de la escalada de copamiento de las instituciones como que son una dictadura que gobierna el país.

 4.- El Ejecutivo pretende privatizar los tres lotes petroleros que están en Piura, pues ya se vencen los contratos con una empresa privada que firmó la dictadura del genocida Alberto Fujimori. La derecha y los privados se frotan las manos, tanto más si tal privatización comprende también la refinería de Talara (que recientemente ha sido modernizada con ingente gasto). Como es obvio, los privados van a expender el petróleo a más precio. Vivimos los peruanos una paradoja, siendo dueños de recursos energéticos tenemos que adquirir a sobreprecio (como cita el autor Héctor Béjar Rivera en su obra «Vieja Crónica y Mal Gobierno», segunda edición, Lima, 2023). Los piuranos están anunciando marchas de protestas contra tales privatizaciones. En todas partes de Latinoamérica la derecha se regodea al privatizar las empresas públicas, por eso, en la década pasada la diputada mexicana Leila Santoro comentó este desiderátum con una gruesa lisura.

5.- Un congresista del bloque magisterial ha presentado un proyecto de ley en el que propone que el Congreso puede destituir a los alcaldes y gobernadores. Téngase en cuenta que estas autoridades fueron elegidas por voto popular, pero, éste y la mayoría tienen una pobreza intelectual.

6.- El Congreso ha aprobado el pedido del Ejecutivo para que tenga facultades legislativas en materia de seguridad, para modificar varios artículos del Código Penal como la instigación a disturbios, con excepción que no se incluirá a los que manejan los medios de comunicación. Sin embargo, el ejecutivo tiene un plazo de 90 días para legislar. Recuérdese que éste tiene una plana de asesores supuestamente de primer nivel, empezando por el inefable exintegrante del Tribunal Constitucional Víctor García Toma. Ya podemos imaginarnos que este asesor estuvo al lado de la usurpadora cuando visitó la ONU, que tuvo un desastroso desempeño, así en una encuesta la usurpadora tiene un 82 % de desaprobación, ha «subido» 2 puntos de antes de su viaje.

Como lo dijimos anteriormente, el Congreso pretende militarizar la sociedad peruana, así, como no pueden persuadir menos convencer con la razón, acuden al manido recurso de la fuerza bruta, o sea las armas, como lo hacen las derechas de los países pobres. La verdad es que no les gusta estudiar, por eso nos recuerda la frase del general franquista fascista José Millán Astray y Terreros, el 12 de octubre de 1936: «Muera la inteligencia, viva la muerte», en la clausura del año académico en la universidad de Salamanca, cuando el rector Miguel de Unamuno discursaba, entonces éste le contestó «Vencerán, pero no convencerán». Tal crítica a la inteligencia, muchos derechistas y también «izquierdistas» lo usarán en sus actos y por lo menos lo pensarán, por ejemplo, personajes como los congresistas Jorge Montoya, José Cueto, Juan Carlos Martín Lizarzaburu Lizarzaburu (el que dijo que la wipala es un mantel de chifa), Patricia Chirinos Venegas, etc., y muchos periodistas de la prensa hegemónica que suelen utilizar sofismas y paralogismos para tratar de engañar a la población o para supuestamente explicar sus dichos o los hechos.

7.- El martes 26-9-2023 en la 36 convención minera Perúmin, anunció con soberbia «no vamos permitir que el país caiga en el caos, el desorden, la inseguridad y se altere la paz». También afirmó que el país ha pasado por más de 500 manifestaciones violentas con daños a la propiedad privada y públicas, así como el bloqueo de carreteras. Al respecto, en general las manifestaciones han sido pacíficas, salvo algunas ocasionadas por personas infiltradas como los ternas, y por agentes provocadores, que en muchos casos los manifestantes al detectarlos los entregaron a la policía, que no hizo nada ni les imputó algún delito. Afirmó también que las empresas mineras deben seguir funcionando, pues contribuyen al desarrollo y progreso del país, dando ocupación a la población. Sobre esto del «desarrollo y progreso», decimos que es falso, pues los hechos lo demuestran palmariamente, por ejemplo, ciudades como Cerro de Pasco, Huancavelica, algunos lugares de Cajamarca, etc., no salen de la pobreza, es más, hay desnutrición infantil, enfermos por la contaminación ambiental, según nos consta luego de laborar por casi 14 años (hemos revisado informes médicos de la contaminación por plomo, por lo menos en Cerro de Pasco, donde hay un tajo minero en medio de la ciudad); y en otros lugares como Las Bambas donde opera o pretende operar la empresa china «Tía María» (Arequipa) afecta por la utilización de aguas provenientes de las cuencas, en donde los campesinos tienen sus cultivos o utilizan para su consumo. Esta zona es muy ambicionada porque tiene yacimientos de cobre que ocupa el segundo lugar en el mundo. Ahora bien, respecto al empleo que da la empresa minera, no es bien remunerada, toda vez que también operan con empresas terciarias, como es el método que utiliza el neoliberalismo de un capitalismo salvaje en nuestro país, mientras que el grueso de las ganancias es para las empresas saqueadoras. Por eso es que en otros artículos anteriores hemos propuesto que el 80 % se quede para el país y el 20 % debe ser para la empresa privada. Sin embargo, el actual gobierno, como todos los anteriores es entreguista, que solamente está de acuerdo con el 20 % o como máximo el 30 %; sin contar con las «comisiones» o coimas a los funcionarios competentes, como se ha estilado y se estila desde comienzos del siglo 20, en algunos lugares.

8.- La congresista Patricia Chirinos Venegas de «Avanza País» ha presentado un proyecto de ley sobre la legítima defensa, es decir, el ciudadano que haga uso de su arma matando al agresor en defensa de sus bienes, domicilio, etc., no va a merecer ningún reproche. Esta previsión legal va a generar un tráfico de armas obtenido del mercado negro. Sucede que sobre legítima defensa ya está legislado en el Art. 20 inciso 3, literal b) del Código Penal, cuyo texto ha sido modificado por el Art. 1 de la ley 27936 de 12-2-2003, en la parte que reza «Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Se excluye para la valoración de este requisito el criterio de proporcionalidad de medios, considerándose en su lugar entre otras circunstancias la intensidad y peligrosidad de la agresión, la forma de proceder del agresor y los medios de que se disponga para la defensa». Antes de esta modificatoria se exigía la existencia de proporcionalidad de los medios. Esta redacción suscitó debates y disparidad de interpretaciones, en cambio ahora la redacción es mejor; sin embargo, la proyectista Chirinos pretende que la ley reemplace al juez. Con tal lógica, podría entonces acondicionarse una máquina computadora para que haga la calificación. No estamos de acuerdo, pues la realidad es rica en matices, por lo que el juez con conocimientos técnicos científicos, máximas de la experiencia, hechos notorios, conocimiento de arte, historia, su conocimiento privado, etc. puede calificar más y mejor que la ley. Además, no olvidemos que la ley o norma va alejándose de la realidad a medida que pasa el tiempo. Puede consultar el lector la sesuda obra de Eduardo Novoa Monreal «La ley como obstáculo al cambio social», Ed. Siglo XXI, México, 1990.

En consecuencia, si el referido proyecto de ley se consagra como ley, se puede producir un caos: tráfico ilegal de armas, espíritu de venganza en la población, errores en la apreciación de los hechos, etc.

9.- A la usurpadora le ha convocado la Fiscalía de la Nación para que rinda la continuación de su declaración por los cargos de genocidio, homicidio calificado y abuso de autoridad, así, ha concurrido en horas de la mañana del 17-9-2023. Debió empezar con las preguntas que podría haber efectuado la Fiscal de la Nación, pero ésta no hizo ninguna pregunta; luego le tocó el turno de preguntar al procurador general, cuando éste le preguntó, la usurpadora guardó silencio sepulcral; igual sucedió cuando el abogado de las víctimas y sus familiares le preguntó. Recuérdese que en los meses de mayo y junio de 2023, ella conjuntamente con su «premier» decían a los cuatro vientos que iban a colaborar con la investigación y que no iban a permanecer en silencio: ¡qué tal contradicción! A su «premier» le tomaron su declaración en horas de la tarde, a la pregunta acerca de su participación en los cargos de genocidio, asesinato calificado y abuso de autoridad, respondió que se remite a lo respondido en su anterior declaración de junio de 2023 y que se abstenía de responder porque es su derecho a la defensa el permanecer en silencio. Sin embargo, la Fiscal de la Nación aceptó que se deje constancia de las 47 preguntas del abogado de los familiares de las víctimas. Es interesante apreciar que la Fiscal de la Nación es parca preguntando, pues con los cargos imputados se pueden repreguntar más de 50 preguntas, no interesa que no responda, en este caso se anotan la preguntas, tanto las dirigidas a la usurpadora como a su «premier». Pero como son aliados, no lo va a hacer, es como pedir peras al olmo.

 

     
 

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