Presencialidad y oportunidad de cambio

Uno de los cambios evidentes en la posición del gobierno de Pedro Castillo en las últimas semanas, ha sido respecto al regreso a las clases presenciales.

En setiembre, en el Plan Nacional de Emergencia del Sistema Educativo Peruano, el Ministerio de Educación había planteado como meta el 50 % de instituciones educativas con clases semipresenciales a junio del 2022. Casi un mes después, en el discurso de investidura de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez Chuquilín, la meta presentada es «que para el mes de marzo del 2022 se retorne a la presencialidad de modo que para julio 2022 el 99 % de instituciones educativas atiendan plenamente».

Se trata de una diferencia significativa que obedece a motivos atendibles y que, según como se mire, tiene críticos, adherentes, e incluso detractores.

Así como cientos de madres y padres de familia se han movilizado o emplazado, en lo que va del año, frente al Ministerio de Educación (Minedu), en el distrito limeño de San Borja, para exigir el retorno a clases presenciales, otros tantos lo han hecho para que se reconsidere el plan diseñado para el regreso.

En ambos casos se trata de personas preocupadas por el bienestar de sus hijas e hijos, y conscientes del grave impacto de la pandemia a su derecho a la educación. Se diferencian, sin embargo, por la valoración que hacen en relación a otros efectos.

7 de cada 10 niños/as considera que aprenden poco durante la pandemia, el 49% reporta que no entienden la tarea»

Quienes reclaman el regreso a la presencialidad hacen énfasis en que la salud mental de las niñas, niños y adolescentes está siendo severamente afectada, lo cual se agrava más al demorar el retorno a clases. Las personas que se oponen a volver a la presencialidad manifiestan su preocupación por cuanto implicaría exponer la salud y vida de sus hijas e hijos, debido a la afluencia de personas en las instituciones educativas, y porque la gran mayoría de estas no cuentan con las condiciones y mecanismos que hagan posible un efectivo control sanitario.

Las diferencias que describo aquí no solo ocurren en nuestro país, y la crisis sanitaria provocada por la pandemia ha mostrado e incrementado los niveles de desigualdad y pobreza que experimentan millones de personas en Perú, así como en otros países del mundo y la región. Entre todas esas personas, las más afectadas son las niñas, niños y adolescentes que ya sobrevivían en contextos de exclusión.

Un problema tan grande como ese, es también un enorme desafío. Una encuesta reciente de Save the Children, revela el gran impacto negativo de la pandemia en la salud, educación, economía y seguridad de las niñas, niños y adolescentes en siete países de la región, incluyendo Perú. Es así que 7 de cada 10 niños/as considera que aprenden poco durante la pandemia, el 49% reporta que no entienden la tarea, efectos estos y otros que han disminuido el acceso a la educación, y a otros servicios esenciales como los desayunos que las instituciones educativas ofrecían.

Siendo así, la llamada «apuesta del retorno a la presencialidad y semipresencialidad de forma segura, concertada, flexible, gradual, voluntaria y descentralizada a la escuela», anunciada por la presidenta del Consejo de Ministros, se justifica plenamente, y el cambio en las metas anunciadas es, además de justo, razonable.

Para instituciones como el Colegio de Profesores, los plazos son «optimistas», y pese a que el presupuesto en educación se ha incrementado será insuficiente para garantizar condiciones de bioseguridad, y cerrar la brecha en infraestructura y conectividad que se requiere.

Con tantas expectativas de cambio en nuestro país, no sirve detenerse en lo difícil que será satisfacerlas. Debemos reconocer en los enormes desafíos oportunidades para transformar nuestro país. Es urgente hacerlo y, aunque el Estado es el principal garante de los derechos, no solo corresponde al gobierno asumir la responsabilidad.