Presupuesto para fiscalización de consejeros dependerá del MEF
La gerenta general regional, Leslie Zevallos Quinteros, espera que el Ministerio de Economía transfiera presupuesto que requieren los consejeros para fiscalizar la gestión; a pesar de que es el mismo Gobierno Regional el que debería asignar de su presupuesto para ese fin.
En julio se publicó la Ley 31812, que dispone asignar entre el 1 y 2 por ciento del presupuesto institucional de apertura (PIA) para «fortalecer la capacidad fiscalizadora del Consejo Regional» de los concejos municipales y consejos regionales.
Pero la norma no se pone en práctica en el Gobierno Regional, porque «todos los recursos para el 2023 ya vienen con sus específicas y partidas», según indicó Zevallos Quinteros.
Esto, a pesar de que dicha Ley no menciona que el Ministerio de Economía deba transferir el presupuesto; sino que el Gobierno Regional debe incluirlo en su PIA. La gerenta dijo esperar que este adicional se apruebe en la Ley de Presupuesto.
Agregó que «no es correcto que, de lo que tenemos, se nos reduzca el presupuesto; sino más bien deberían incrementarnos, porque tenemos esa y otras necesidades», alegó.
«Ahora para el 2024 tampoco han venido recursos para la labor de fiscalización [del Consejo] y lo que hemos hecho inmediatamente en la sustentación de presupuesto ante el Ministerio de Economía ha sido solicitar una demanda adicional», añadió la funcionaria.
Al ser cuestionada por los periodistas, mencionó que, si no se aprueba el presupuesto en el Congreso «tendremos que modificar [el presupuesto del Gobierno Regional], pero destinar el presupuesto de otra necesidad que ya estaba prevista. Esperamos que el Congreso sea coherente con la normativa», agregó Zevallos Quinteros.
AVANCE DEL PRESUPUESTO
Hasta ahora el Gobierno Regional ejecutó el 27.8 por ciento del presupuesto para proyectos de inversión. La gerenta general regional afirmó que «tenemos las expectativas de que vamos a mejorar. Los recursos están en proyectos que ya están siendo contratados».
Mencionó que, hasta el viernes, hay cuatro obras en proceso de convocatoria y otras 19 con buena pro consentida, para firmar contratos y ejecutar el presupuesto.
«Recién terminando esos 19 procesos podremos saber a cuánto llegaríamos [de ejecución] a fin de año»; pero remarcó que también han identificado obras que sus recursos van a tener que esperar; por ejemplo, el asfaltado de la carretera Conchumayo-Churubamba.
«Ahí tuvimos un problema por un tema de liberación de predios. Ese saldo no lo podemos rehusar», comentó.