Autoridades ilegales

El caso de las autoridades municipales ilegales de Tazo Grande, en el distrito de Monzón, provincia de Huamalíes, es un abierto desafío al sistema de justicia electoral, justicia penal y la constatación de la poca voluntad que hay en el país por actuar con legalidad y en defensa de la institucionalidad democrática.

Un informe de la Contraloría señala que Fernando Figueroa Vincula y Flormila Ortiz Martel ejercen los cargos de alcalde y regidora de Tazo Grande de manera ilegal porque ambos ejercieron esos mismos cargos en el periodo 2019-2022 y por mandato expreso de las normas electorales y municipales está prohibida la reelección inmediata de las autoridades municipales, incluidas las de centros poblados.

Sin embargo, una resolución del alcalde provincial de Huamalíes, Edgard Céspedes, permite que ambas personas continúen al frente de la Municipalidad de Tazo Grande perjudicando a toda la población, porque -por más apoyo que tengan de Céspedes- todos sus actos son nulos de puro derecho.

La Contraloría debería tener, en este caso, un papel más decisivo. No basta con oficiar al alcalde culpable de toda esta situación, sino también de que este reciba una sanción inmediata por su actuar al margen de la ley.

Con la información hecha pública, el Ministerio Público no puede continuar a un lado, cuando todo un pueblo es perjudicado por autoridades ilegales.