Congreso e Inés Tello

Ayer, la magistrada Inés Tello le pedía al presidente del Congreso, Alejandro Soto, que responda al documento que le había cursado solicitándole que le pida al Pleno del Congreso que declare inexistente el acuerdo de su inhabilitación porque para llegar a los 67 votos que se requerían para inhabilitarla votó el congresista José Luna Gálvez estando impedido de hacerlo por ser integrante de la Comisión Permanente.

En su escrito, Tello refiere que el oficial mayor del Congreso le envió un oficio aduciendo que Luna «estaba inhabilitado para votar conforme a la regla seguida por el Pleno del Congreso desde el 7 de junio del 2018 hasta la actualidad, en virtud al acuerdo de la Junta de Portavoces de la fecha».

Sin embargo, la Constitución y el Reglamento del Congreso fijan imperativamente que el Congreso «sin participación de la Comisión Permanente» (es decir, de todos sus miembros) suspende, inhabilita o no al funcionario acusado.

Aun cuando Soto y algunos parlamentarios pretenden validar el voto de Luna, el mismo Soto y esos mismos parlamentarios están conscientes de que la inhabilitación de Tello es inaplicable. Y tan es así que ayer en la votación sobre la acusación constitucional en contra de la congresista María Cordero Jon Tay —elegida con el fujimorismo y a la que salvaron de la inhabilitación— no participó ninguno de los 30 congresistas de la Comisión Permanente. De esa forma se aseguraban de eliminar la posibilidad de que se reabra el caso contra Jon Tay y termine inhabilitada, como corresponde por ‘mocharle’ el sueldo a su trabajador.