Leyes y políticas contra la corrupción ¿qué hacer para que sirvan?

Las leyes son importantes para garantizar la protección de los derechos fundamentales, promover el bienestar común y fortalecer el Estado de derecho. Son un marco que define como interactuamos, y las pautas para hacerlo respetando a los demás.
Son un reflejo de lo que valoramos como sociedad, de la forma como queremos asegurar una adecuada convivencia social, y debieran expresar nuestras aspiraciones como ciudadanos de vivir libres, en paz y con justicia.
La corrupción mata, roba, y provoca múltiples daños a las personas vulnerando su dignidad. Puede destruir sociedades y, de hecho, las inmoviliza y pervierte. Enfrentar la corrupción implica grandes y diversos desafíos, y uno es diseñar un marco normativo, y un sistema nacional de integridad, que la prevenga y neutralice.
En el Perú existen normas, pero no un sistema, y desde hace algunos años desde el Congreso de la República, el gobierno nacional y otras instituciones del Estado se han promovido, aprobado y convalidado leyes, y otros mecanismos, que desarman a las instituciones cuya misión es perseguir el crimen, restando eficacia a la lucha contra la corrupción.
Un claro ejemplo de esto es lo que sucede en el Ministerio Público, organismo constitucional autónomo del Estado Peruano que desde el Congreso se pretende intervenir apelando a diversas formas que apuntan a la destitución de fiscales supremos, la creación de una junta transitoria, y al retorno de una fiscal como Patricia Benavides, funcional a los intereses de la corrupción en nuestro país.
Así, una institución cuya finalidad es prevenir y perseguir el delito, defender la legalidad, y brindar protección a las víctimas y testigos de un delito, requiere hoy que se le defienda precisamente de aquellos a quienes combate y que le atacan desde el Congreso, la Junta Nacional de Justicia y otras instituciones.
La Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, instrumento de gestión en la materia, aprobada mediante Decreto Supremo n.° 092-2017-PCM, es muy importante para señalar los objetivos, lineamientos y estándares que deben cumplir las instituciones del Estado para promover la integridad, prevenir y sancionar la corrupción; instrumentos como los planes nacionales de integridad y lucha contra la corrupción, son claves para señalar las acciones que deben priorizarse; y normas como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en Perú, Ley n.° 27806, son sumamente útiles para promover la transparencia de los actos del Estado y regular el derecho fundamental de acceso a la información.
Todo eso requiere de instituciones democráticas sólidas, que resistan la influencia de grupos de poder que buscan controlarlas, para desvirtuarlas y hacerlas funcionales a sus intereses.
La lucha contra la corrupción demanda el compromiso de todos los niveles políticos y administrativos del sector público. A menudo encontramos allí los mayores obstáculos, con autoridades y funcionarios que desmontan o se dedican a restarle eficacia a lo avanzado.
En contextos así, toca a la sociedad civil organizada asumir la responsabilidad de contribuir a defender la institucionalidad democrática denunciando la iniquidad que afectan la vida y dignidad de todas las personas, y que muchas veces se instaura ante nuestra pasividad e indiferencia. Ya hemos vivido graves episodios en varios otros momentos de nuestra historia, y ninguno ha sido superado guardando silencio y tolerando el despojo de nuestros derechos. De modo que para que sirvan las leyes y políticas contra la corrupción, debemos construir un sistema fuerte basado en la integridad, que empiece por evitar que las instituciones sean tomadas por funcionarios corruptos.

«Toca a la sociedad civil organizada asumir la responsabilidad de contribuir a defender la institucionalidad democrática denunciando la iniquidad»