Los celulares y la educación

Un debate pendiente y espinoso es el uso de celulares en las aulas. A propósito, para atizar la polémica, el Gobierno acaba de promulgar la Ley 32385 que regula el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos similares en todas las instituciones y programas educativos de la Educación Básica.
Frente a esta norma, vale señalar que en nuestro país todavía existen colegios que restringen el uso total de celulares y dispositivos electrónicos, como si fueran objetos perversos. Los profesores, víctimas directas de la desatención de los estudiantes y escaso rendimiento académico, aplauden la consigna; ni qué decir los padres de familia, que no saben cómo controlar el apego de sus hijos a los celulares.
No me refiero a los colegios públicos, donde pese a las limitaciones se establecen directivas en consenso con los docentes que ceden espacio al uso de dispositivos móviles, sino a los colegios privados, donde su restricción es radical y motivo de sanción ante el incumplimiento.
Estos colegios velan por el enfoque académico de los estudiantes, bajo la premisa de cero distracciones en las aulas, pero se olvidan de que los adolescentes fuera del horario escolar se sumergen en el vasto mundo tecnológico que les concierne y tienen a su alcance.
Encaminados en paliar la deficiencia educativa nacional, pero, sobre todo, encausados en promover el ingreso de escolares a las universidades (fin supremo de la mayoría de colegios privados), supeditan la Educación Básica a libros y módulos que, para consuelo de los padres de familia, satisfacen sus expectativas.
Sin embargo, la formación escolar abarca mucho más que el desarrollo cognoscitivo, comprende el dominio de habilidades aplicables al entorno, de manera que se pueda ensamblar lo aprendido a necesidades reales con herramientas al alcance.
¿Entonces los colegios públicos obtienen mejores resultados que los privados? La ineficiencia de los colegios públicos radica en que, sometidos por el Minedu al cumplimiento de resultados evidenciables, denominados productos, proceden de manera arbitraria en la formación académica de los estudiantes.
De este modo, los docentes, en su afán de concretar los productos de aprendizaje, rompe el orden regular de la secuencia temática para el dominio de cada curso. Preocupados en fortalecer las competencias de los estudiantes, se descuidan del procedimiento y jerarquización adecuada de los temas para el desarrollo académico de los escolares.
Utilizan herramientas digitales con estupendos resultados —acaso encomiable porque los colegios privados lo desestiman—, pero numerosas son las quejas de docentes que sienten mutilados sus cursos por ponerlos al servicio de productos de aprendizaje que descompensan la formación académica de los estudiantes.
Podemos señalar, entonces, que la omisión de uno es la ventaja del otro; pero la prioridad de aquel es la desventaja de este. Por lo tanto, cabe concluir que lo preferible sería uniformizar ambas vertientes educativas (tanto de los colegios privados como públicos) para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes, pues ellos son los únicos perdedores en esta pugna.
Sin embargo, la preocupación por el fortalecimiento cognoscitivo, acompañado de herramientas digitales, debe preverse en cada institución educativa con regulación interna bajo consenso de profesores y padres de familia en beneficio del estudiantado y la búsqueda de la excelencia, si no qué importancia tendría.
Con base en la ley que acaba de promulgar el Gobierno para regular el uso de celulares, o con la venia del mismo Gobierno para el uso permitido de dispositivos móviles en las aulas bajo consenso y supervisión, los colegios tanto privados como públicos deberían optar por sacar provecho de este beneplácito en favor de la Educación Básica del país.
Pero ahí no acaba el debate, pues queda pendiente discutir ahora que, con el uso permitido de celulares en las aulas, se deben establecer políticas públicas que regulen la exposición de escolares en las redes sociales.
Al respecto, Australia brinda un claro ejemplo de resguardo a la exposición de menores de edad en redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok, imponiendo multas millonarias a estas plataformas por la transgresión.
Según un informe, la Organización Mundial de la Salud califica de problemático el uso de redes sociales en adolescentes, asociado con dificultades para controlar su apego y consecuencias negativas, con una ascendencia del 7 % en el 2018 al 11 % en 2022, cifras que alertan el descuido de los gobiernos por proteger a los menores de edad.
La Unión Europea ya debatió sobre la prohibición de las redes sociales a menores de edad; sin embargo, nuestro continente americano parece ajeno a esta preocupación, ni qué decir nuestro país, donde, pese a las leyes sobre delitos informáticos, aún existe vacíos en cuanto a las sanciones por la exposición de menores de edad en redes sociales. Sigamos poniéndole énfasis a su vulnerabilidad.