Fiscalía sustenta pedido de prisión en caso OL Hábitat

Por casi 12 horas se prolongó ayer la audiencia de prisión preventiva contra los investigados por organización criminal  y estafa agravada a cientos de ciudadanos que pagaron desde 3210 soles por una casa propia que según la empresa OL Hábitat les construiría con el subsidio de 28 mil soles del Ministerio de Vivienda.

En el primer día de audiencia, el fiscal César Palli Calla sustentó sus pedido contra el supuesto cabecilla de la organización criminal y gerente de la empresa OL Hábitat, Alberto Villón Rodríguez, y su socia Lisa Milagros Acuña Farfán.

Los abogados de ambos investigados también sustentaron su posición y hoy continuará la audiencia para sustentar el pedido de prisión de los otros cinco detenidos, trabajadores de la referida empresa.

Para el Ministerio Público, Alberto Villón y Lisa Acuña crearon la empresa OL Hábitat y para captar a sus víctimas contaron con la participación de otras cinco personas, entre ellas la hermanastra de Alberto, Aiden Ponce Rodríguez y su cuñado Floriano Valverde Barboza.

Según denunciaron los cientos de agraviados, una de las condiciones para ser beneficiario supuestamente del programa Techo Propio, debían cancelar 3210 soles por lote y recién en dos o tres meses se iniciaría la construcción de su módulo de vivienda. En tanto continuaban captando más víctimas.

Pero pasaban los meses y no cumplían con el ofrecimiento, lo que motivó a algunas personas a denunciar a los directivos y trabajadores de la empresa.

Algunos recuperaron su dinero cuando llegaban a exigir que les devuelvan  ante el incumplimiento. La devolución se hacía previa firma de una declaración jurada.  Muchos no recuperaron su dinero a pesar de sus reclamos.

Ante el incremento de las quejas de sus «beneficiarios», a mediados de julio del 2021  OL Hábitat cerró sus locales y entonces las denuncias llegaban cada vez más a la Fiscalía y al Departamento de Investigación Criminal.

En noviembre del 2020, Villón denunció un supuesto robo de dinero que, según dijo a las  autoridades entonces, eran para gastos administrativos de la empresa OL Hábitat que, afirmó, «trabajaba con el Estado construyendo casas a crédito a través del programa social de vivienda rotatorio».

Esta declaración ha sido usada en su contra para sustentar la estafa, pues el Ministerio de Vivienda ha desmentido que haya tenido algún convenio con OL Hábitat.