Sentencian a Erick Ferruzo por peculado doloso por apropiación

♦ Juez inhabilitó por seis años para ocupar cargo público al ahora asesor del gobernador regional.
♦ Sin embargo, condena está suspendida hasta que se confirme en segunda instancia.

El asesor del gobernador regional Antonio Pulgar, Erick Christian Ferruzo Suárez ha sido sentenciado por un hecho de corrupción cuando ejerció el cargo de gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de Huánuco en el año 2017.

El juez del Cuarto Juzgado Penal Unipersonal Permanente de la Provincia de Huánuco, Luis Pasquel Paredes, impuso la pena de 4 años y 8 meses de pena privativa de la libertad efectiva para Erick Ferruzo y el empresario Frank Renzo Azañedo Ramírez.

El magistrado los encontró responsables como autor y cómplice, respectivamente, de la comisión del delito contra la administración pública – delito cometido por funcionarios públicos en la modalidad de peculado doloso por apropiación para otro (etapa de ejecución contractual), en agravio de la Municipalidad Provincial de Huánuco.

Junto a ambos fue condenado como autor de la comisión del delito contra la administración pública – delito cometido por funcionarios públicos, en la modalidad de peculado doloso por apropiación para otro (etapa selección), en agravio de la Municipalidad Provincial de Huánuco, el exsubgerente de Logística de la Municipalidad Provincial de Huánuco, Aníbal Sabino Durán, a cuatro años de pena privativa de la libertad efectiva.

Pero, en los tres casos no se ejecutará la pena  «hasta que sea resuelta en segunda instancia, si es apelada», precisa la resolución judicial fechada 31 de enero del 2025; pero, notificada el 3 de marzo del presente año.

CASETAS PARA SERENAZGO

El caso por el que Ferruzo, Sabino y Azañedo fueron condenados se refiere a la contratación de al empresa Constructora y consultora AZA EIRL para el mejoramiento, mantenimiento y reparación de 5 casetas de seguridad ciudadana en los asentamientos humanos 2 de Febrero, Las  Moras, Parque Tabaco, Luzmila Templo y Santa Rosa Alta por 31 350 soles.

Durante las investigaciones a cargo de la fiscal Yesica Olinda Evangelista Silvestre, se estableció que se otorgó la buena pro a la empresa de Frank Renzo Azañedo Ramírez sin verificarse si contaba con experiencia mínima de 6 meses en metal mecánica y pintado, pues en su proforma la empresa no consignó experiencia.

Y cuando se emitió la orden de servicio, el entonces jefe de Logística de la Municipalidad de Huánuco, Aníbal Sabino Duran, incluyó el servicio de instalación de luz en tres casetas más, a pesar de que no lo requerían. «Al haberse incrementado la cantidad del servicio a 5, se pagó un total de 4 000.00 soles, existiendo una apropiación de caudales por trabajos no realizados, por la suma de 2 400.00 soles», se lee en los considerandos de la resolución judicial.

Un hecho advertido con relación al pago indebido por instalación eléctrica y de agua y desagüe en las casetas, es «que antes de la emisión de la Orden de Servicio con el que se contrató a la empresa AZA E.I.R.L, la entidad [entiéndase Municipalidad de Huánuco] ya había realizado trámites y efectuado pagos ante Seda Huánuco S.A. y Electrocentro S.A., para contratar los servicios de agua y medidores (a excepción del baño adyacente a la caseta del Parque Tabaco, el cual contaba con servicio de agua desde el 31 de enero de 2002), así como para la instalación de energía eléctrica, respectivamente».

Y en juicio quedó establecido que Ferruzo «tuvo perfectamente conocimiento de dicha situación, ya que, desde el 19 de octubre de 2017, dicha persona ya había solicitado la adquisición de los medidores de agua para su instalación en las casetas, esto, a través del Formato de Requerimiento N.° 120-2017-MPHCOSGSC/GDE de fecha 19 de octubre de 2017».

A eso se suma que Ferruzo firmó la conformidad del servicio de dicha empresa el 14 de diciembre del 2107, cuando —según se estableció en el juicio— ese mismo día la empresa recién estaba recibiendo las llaves de las casetas de Serenazgo para iniciar los trabajos.

Y a pesar que en enero del año siguiente el coordinador del programa de Seguridad Ciudadana, Víctor Sánchez, le advirtió que debía retenerse el cheque a la empresa hasta verificar que se realizó el servicio a satisfacción del área usuaria, la Subgerencia de Seguridad Ciudadanam «emitió una segunda conformidad del servicio donde igualmente reiteraba el “cumplimiento” de los trabajos por parte el proveedor, sin observación alguna». Días después del informe se pagó a la empresa.

En julio del 2018, Contraloría verificó que no se había cumplido el servicio requerido y que la municipalidad no cobró penalidades a la empresa.

El juez estableció que el monto del perjuicio patrimonial causado a la municipalidad asciende a 17 565 soles y fijó para Aníbal Sabino el pago de 5 400 soles de reparación civil y de 47 385 soles para Erik Ferruzo, Franz Azañedo y el exjefe de Seguridad Ciudadana, César Miraval, quien si bien fue absuelto del delito, no del pago de la reparación civil.

Además, todos ellos deberán pagar las costas del proceso.

Y mientras dure la suspensión de la pena, los tres condenados deberán cumplir reglas de conducta como no variar de domicilio.