Las huellas del oro ilegal en Puerto Inca

A doce años del inicio del proceso de formalización de la minería integral en el Perú, ningún minero alcanzó la formalización en la provincia de Puerto Inca, región Huánuco. Página3 accedió a documentos de inteligencia de la Policía donde se evidencia que exfuncionarios del Gobierno Regional de Huánuco favorecieron el incremento de la minería en esta zona de la amazonía huanuqueña y visitó a las comunidades yaneshas y asháninkas afectadas por la minería.

Por: Eduardo Arias

«Todo está destruido», dice Juan Antezú*, un jóven indígena del pueblo yanesha que vive en la provincia de Puerto Inca, al ver las imágenes aéreas de la quebrada Pintuyacu, que bordea la comunidad Tsirotzire, lugar donde vive desde que nació en 1999. En los últimos 15 años su comunidad, que se encuentra a 40 minutos por carretera de la ciudad de Puerto Inca, pasó de tener un bosque intacto a inmensos huecos de color crema en medio del verde producto de la minería informal e ilegal por la extracción de oro.

Sin embargo, en esta zona de la región Huánuco no existe ningún minero formal, todos los que operan son ilegales o informales. A través de un pedido de acceso a la información, el Ministerio de Energía y Minas informó que en Puerto Inca son 247 mineros los que iniciaron entre el 2012 y 2020 su procedimiento de formalización y no se sabe cuántos son ilegales.

«La única diferencia entre los mineros informales e ilegales es que los primeros están inscritos en el proceso de formalización del Estado, pero ambos realizan la extracción de minerales arriesgando sus vidas y las de terceras personas e impactan al medio ambiente», explica el abogado ambiental especialista en temas mineros, César Ipenza.

En el 2012 el gobierno peruano inició la formalización minera sin mucho éxito. Cinco años después, en el 2017 creó el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un procedimiento que redujo y simplificó los requisitos para conseguir las concesiones mineras. Pese a ello, ningún minero en Puerto Inca alcanzó a culminar el trámite en los últimos 12 años. A la fecha, son 80 los que están activos.

Página3 recorrió a fines de abril la quebrada Pintuyacu donde evidenció la alta deforestación del bosque y la presencia de maquinarias trabajando en la extracción del oro. En ese mismo lugar, dos meses después, el 10 de junio, la Segunda Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Ucayali y la Policía realizaron un operativo donde destruyeron un chute (maquinaria que clasifica el material del agua), un motor de succión de bomba y una retroexcavadora perteneciente a la minera Jorgito 2020, que está suspendida en el Reinfo.

Ipenza explica que los mineros suspendidos en el Reinfo no pueden operar, pero por lo general no son intervenidos porque alegan que no están expulsados del procedimiento. «Los mineros que están en el Reinfo no pueden ser intervenidos ni procesados por minería ilegal porque las normas señalan que están exentos de responsabilidad penal, salvo los que operan en un río o usan dragas», dijo.

Por esta razón es que los mineros informales dilatan el procedimiento de formalización para evitar la responsabilidad penal mientras siguen operando sin estándares de calidad. Sin embargo, «es criterio de los fiscales investigarlos por otros delitos, como desbosque o contaminación ambiental porque están dañando el medio ambiente», agrega el especialista.

En el 2023, un informe de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS-Perú) y la Pontificia Universidad Católica del Perú reveló, tras cruzar información del Reinfo, que de los 49 puntos de actividad minera identificados en Puerto Inca a través del monitoreo satelital, el 53 % es de minería informal.

MINAS EN TIERRAS INDÍGENAS

«La minería siempre ha existido aquí [en Puerto Inca] porque hay oro, pero los indígenas trabajamos de manera artesanal, mientras los empresarios meten maquinarias y destruyen bosques enteros», dice Segundo Campari Rojas, jefe de la comunidad Tsirotzire.

Sobre Tsirotzire, que en español es Paucarcito, se sobreponen —según el Reinfo— ocho solicitudes de concesión mineras que se encuentran activas y pertenecen a empresarios chinos y peruanos que iniciaron sus trámites de formalización desde el 2012, pero no lo concretan hasta ahora.

Campari Rojas refiere que el ingreso de la minería a la comunidad se dio porque algunos indígenas alquilaron las tierras destinadas para sus chacras a los mineros por montos superiores a los S/ 30 000 sin tiempo definido. Las comunidades Nuevos Unidos de Tahuantinsuyo, Santa Teresa, Cleyton, Las Golondrinas y Nueva Austria del Sira, Unipacuyacu y Puerto Nuevo también tienen presencia de mineros informales en sus territorios.

«Las autorizaciones que dio el Reinfo sobre tierras de las comunidades traen problemas porque hay algunos mineros que se creen dueños de la comunidad y eso genera enfrentamientos», se queja el presidente de la Federación Nativa de Pueblos Indígenas de Puerto Inca, Fernando Carpio. «Hemos pedido en reiteradas veces que las concesiones no se den en zonas comunales», agrega.

Un factor que favoreció el descontrol de la minería ilegal e informal en Puerto Inca fue la débil fiscalización de la Dirección Regional de Energía y Minas de Huánuco, que hasta enero de este año estuvo a cargo de José Ángel Mendoza Huertas, un ingeniero geólogo que ya antes había ocupado el puesto en el 2020, durante la gestión del exgobernador Juan Alvarado, hoy encarcelado por casos de supuesta corrupción.

Página3 accedió a un informe reservado de la Unidad de Protección de Medioambiente de la Policía que involucra a Mendoza Huertas con Dedicación Álvarez Bravo, quien estaba realizando actividades de minería ilegal en el distrito de Yuyapichis el pasado 23 de marzo del 2023, y con Carlos Torres Delgado, minero informal con dos solicitudes de concesión minera en Ucayali y Lima, según el Reinfo.

Según la Policía, José Mendoza contrató a ambas personas para supervisar las actividades mineras en Puerto Inca de manera irregular porque Dedicación Álvarez no contaba con colegiatura para ejercer el cargo y Torres Delgado es un minero inscrito en el Reinfo.

«Los funcionarios omitían denunciar a los mineros que realizaban contaminación ambiental en Puerto Inca; por el contrario, sólo eran denunciadas las personas que no estarían de acuerdo con sus acciones ilícitas», advierte el informe de la Policía. A estas personas no se les renovó el contrato luego de que los consejeros regionales advirtieran de las irregularidades.

La Policía señala que en la gestión de José Mendoza Huerta «aumentó la minería ilegal en Puerto Inca» y derivó el caso a la Fiscalía Especializada en Medio Ambiental de Ucayali para que inicie investigaciones por los delitos de favorecimiento a la minería ilegal y contaminación ambiental.

En el Reinfo también aparece el alcalde de Puerto Inca Carlos Antonio Cruzado Navarro, quien llegó al máximo cargo político en la provincia en el 2023 con el movimiento independiente regional Huánuco Primero.

Cruzado Navarro se inscribió en el Reinfo en el 2012, pero no continuó sus trámites de formalización y a la fecha se encuentra suspendido. Página3 solicitó una entrevista con el alcalde, pero hasta el cierre de esta edición no respondió nuestros mensajes.

DESTRUCCIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS

En Puerto Inca los ríos afectados por la minería informal e ilegal son Pachitea, Yuyapichis y Pozuzo, que además de ser el hogar de los pueblos asháninkas, yaneshasy kakataibos se encuentran en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira, un espacio destinado a garantizar la intangibilidad del área natural protegida.

Vilma Vilcas Melchor, directora regional de Energía y Minas de Huánuco, informó que dentro de la zona de amortiguamiento de El Sira existen solicitudes de concesión minera, como es el caso de Amazonian Gold, de los empresarios John Tecsi Vílchez y José Díaz Bueno.

«La mina se ubica totalmente en la zona de amortiguamiento del área natural protegida, […] se encuentra superpuesto sobre bosques en proceso de recuperación, lo que implica que, si la actividad minera se desarrolla, repercutirá sobre las especies forestales, servicios ecosistémicos, anidación, desplazamiento de la fauna silvestre», señala un informe del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado Peruano (Sernanp).

A pesar del informe de Sernanp, el petitorio minero de Raúl Alberto García Melgarejo. se encuentra vigente. Según el análisis que realizó Página3, este empresario es el que concentra la mayor cantidad de petitorios mineros vigentes en Puerto Inca, ocho de ellos dentro de la zona de amortiguamiento de El Sira.

«Hay observaciones de Sernanp, pero nosotros estamos en áreas libres, donde no hay bosques primarios. Son terrenos de privados, hay autorización de las comunidades nativas donde el área ya ha sido deforestada y se practica agricultura, ganadería», aseguró García Melgarejo en conversación con Página3.

Para la directora regional de Energía y Minas, al autorizar los derechos mineros del Reinfo «la normativa no estuvo muy clara y es por eso que se ha permitido que en este anillo [la zona de amortiguamiento] se registren muchos pequeños mineros; pero no se debía permitir. Además, adelantó que en este caso no se podrá proceder con la formalización del derecho minero por estar cerca a una área natural protegida».

PROCESOS DILATADOS

Pese a que existen informes en contra de varias mineras, un grupo de informales se mantienen vigentes en el Reinfo dilatando sus procesos de formalización, señala la funcionaria Vilcas Melchor. «Las observaciones de los documentos de formalización deben ser levantadas en un plazo de diez días contados desde su notificación, pero varios evaden ser notificados para extender los plazos», anotó.

Eso pasa en el petitorio minero de Amazonian Gold, a un año y medio de las observaciones de Sernanp indicando que se superpone a la zona de amortiguamiento, sigue vigente en el sistema del Reinfo.

Las observaciones debían ser notificadas a John Ticse Vilchez; sin embargo, el domicilio que éste declaró no existía. Para el Ingemet «la notificación personal surge efecto el día que fuese realizada y la notificación por correo electrónico, el día que conste haber sido recibida».

Recién el 10 de mayo de este año, luego de varios intentos de notificación en su domicilio, se publicó en el Diario Oficial «El Peruano» una «notificación mediante publicación» informando la cancelación del petitorio minero Amazonian Gold; pero en el Reinfo, a nombre de Raúl García, sigue vigente.

García Melgarejo se presenta como dirigente de la Asociación de Pequeños Mineros Artesanales Aluviales de Puerto Inca y asegura que «todos los mineros informales cumplen con los estándares de calidad para no contaminar los ríos». Pero él mismo tiene siete investigaciones en la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente de Ucayali por minería ilegal.

Otro que también es investigado por contaminación ambiental y se encuentra en el Reinfo es Esquivel Luna Leonardo, quien cuenta con cinco petitorios mineros: tres suspendidos y dos vigentes. Además, están los mineros Mercio Mesias Ramiro Gonzales, Puscan Chávez Senon, Rivera Espíritu Jalmer Hernán, quienes son acusados de contaminación ambiental producto de la minería ilegal.

«Lo que pasa con estos mineros es que están en un lugar extrayendo oro, una vez que se acaba se van a otro lugar y dejan contaminación. Primero todos estaban en Tsirotzire, ahora algunos se han ido a Tahuantinsuyo y Nueva Austria, pero por donde vayan siempre dejan huellas de contaminación en los bosques y ríos», anotó el Fernando Carpio, líder indígena de Puerto Inca.

Y si bien no hay registro de cuánto oro se extrae de Puerto Inca, sí hay registro del impacto negativo que tiene: 3 628 911 hectáreas de bosque primario destruidos del 2001 al 2022 por la actividad minera y forestal, según GeoBosques, el programa de monitoreo de bosques del Ministerio del Ambiente.

*Nombre ficticio para proteger su identidad.

♦ Este reportaje se produjo con el apoyo de Earth Journalism Network.