Sala de Apelaciones rechaza variar prisión preventiva de prófugo exalcalde

Javier Bardales es buscado por la justicia desde marzo del 2018

La orden de captura contra el exalcalde de José Crespo y Castillo, Javier Bardales Porta, continúa   vigente pues la Sala de Apelaciones de Huánuco confirmó la resolución de primera instancia que declaró improcedente el pedido de variar el mandato de prisión preventiva. La exautoridad es procesada por un hecho de corrupción que habría cometido al licitar la obra «Instalación del sistema de drenaje de Aucayacu».

La defensa de Bardales Porta pretendía que los jueces superiores varíen la prisión preventiva por comparecencia con restricciones alegando que al haberse concluido la investigación preparatoria desaparecieron los peligros de obstaculización y de fuga.

Sostuvo que su patrocinado ha optado por mantenerse en la clandestinidad; pero, no ha realizado acto obstruccionista alguno y señaló que se encuentra en la región Huánuco.

Pero para los jueces, no existen nuevos elementos de convicción para desvanecer aquellos que sirvieron para dictar su prisión preventiva.

Y respecto a que el peligro de obstaculización haya desaparecido, los jueces señalaron que no es cierto ya que la actuación probatoria (juicio oral) está pendiente. Y sobre el peligro de fuga señalaron: «Su falta de sometimiento a la justicia resulta pues relevante al momento de evaluar el peligro de fuga, ya que claramente con su ausencia se estaría afectando la propia regularidad del proceso».

CASO

El exalcalde, sus exfuncionarios y el representante de un consorcio son procesados por el delito de colusión que habrían cometido en el año 2016.

El Ministerio Público acusó que los miembros del Comité de Selección: Eloy Justo Salgado, Luis Paredes Polanco y Juan Ortiz Aguirre otorgaron la buena pro al «Consorcio San Sebastián» pese a que la oferta que presentó no cumplió con acreditar los requisitos de calificación.

Y con respecto a la exautoridad edil, señala que, junto a sus exfuncionarios Pedro Pablo Monjaras Saldaña (gerente municipal y gerente de Administración y Finanzas), Leopoldo Urbano Salis (gerente de Asesoría Jurídica), Elí Luis León Morales (jefe de la Unidad de Tesorería) y Juan Diego Ortiz Aguirre (jefe de la Unidad de Logística) permitieron la regularización de documentos «con el fin de darle apariencia de un trámite regular, los cuales no concuerdan con los registros de los cuadernos de ingreso de documentos».

Asimismo —sostiene la Fiscalía Anticorrupción— los procesados emitieron cartas, informes y proveídos con la finalidad de materializar el perfeccionamiento del contrato a favor del referido consorcio, cuando correspondía declarar la pérdida automática de la buena pro…».

Además, habrían favorecido al consorcio ganador con el desembolso del adelanto directo por la suma de 1 886 989.28. soles. «Continuaron con el trámite del pago, con pleno conocimiento que no se contaba con el original de la carta fianza; por el contrario, elaboraron la orden de servicio —orden de trabajo n.º 02419— que, por cierto, también tiene como fecha 28 de diciembre de 2016. Seguidamente, emitieron los comprobantes de pago por el monto antes indicado, los mismos que fueron girados y pagados. Debiéndose precisar, que todos los trámites para la suscripción del contrato, así como para el compromiso, devengado y el intento de pago del adelanto directo, se efectuaron el día 28 de diciembre de 2016».

Una de las pruebas que obra en la carpeta fiscal es la declaración de un colaborador eficaz que aseguró haber entregado dinero al prófugo alcalde —a través de su abogado y hombre de confianza— e incluso presentó los váucher de los depósitos. Pero también confesó haber dado  dinero en efectivo.

Por estos hechos, la Fiscalía está solicitando al Poder Judicial que imponga a Javier Bardales 9 años de pena privativa de la libertad y 10 años de inhabilitación, lo que también fue tomado en cuenta por el juez al momento de decidir su prisión preventiva en audiencia desarrollada en marzo del año 2018.

Se conoció que el caso se encuentra en la etapa intermedia. La Fiscalía ya ha presentado su acusación que es evaluada por el juez anticorrupción que  de declarar saneado el caso pasará a otro juzgado para el juicio oral.