Gorehco desconoció laudo arbitral para resolver contrato con Consorcio que construía puente en Tingo María

Cuarto Despacho de la Fiscalía Anticorrupción asumió investigación ante denuncia de procuradora

Para resolver en forma total sin responsabilidad de las partes el contrato que firmó con el Consorcio Puente Tingo para que construya el puente Tingo María-Castillo Grande sobre el río Huallaga en la provincia de Leoncio Prado por algo más de 52 millones de soles , el Gobierno Regional desconoció el laudo arbitral del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Huánuco que restituía la vigencia de dicho contrato y ahora convocará, por tercera vez, a proceso para elegir a la nueva empresa o consorcio que ejecute esa obra tan promocionada y tan necesitada por la población.

La procuradora anticorrupción de Huánuco, Krupskaia Beraún, ha formulado denuncia contra los que resulten responsables ante el Cuarto Despacho de la Fiscalía Anticorrupción por los supuestos delitos de colusión agravada y negociación incompatible que se habrían cometido al resolver dicho contrato con una resolución gerencial que no tiene la firma de Asesoría Jurídica ni del administrador de la obra y que no precisa el hecho que califica como «sobreviniente» al perfeccionamiento del contrato y «no imputable» a las partes que usó como causal legal para ponerle fin al millonario contrato.

Para la procuradora anticorrupción, la Resolución Gerencial General n.º 0071 -2024-GRH/GGR firmada por la gerente general Leslie Zevallos Quinteros «permitió encubrir de toda responsabilidad al Consorcio Puente Tingo, tanto de contratar [con el Gobierno Regional] estando impedido para hacerlo como por la mala ejecución de la obra y las consecuencias negativas de la paralización y abandono de la obra».

PRECIO EN SUBIDA
♦ El Gobierno Regional licitará por tercera vez la construcción del puente Tingo María-Castillo Grande.
♦ La primera vez fue en diciembre del 2018. La gestión de Rubén Alva adjudicó la obra al Consorcio Mefred Puente por 51 933 971.31 soles.
♦ En enero del 2019, la gestión de Juan Alvarado anuló la buena pro aduciendo que el consorcio no presentó su carta fianza.
♦ En agosto del 2019, Alvarado firmó contrato con el Consorcio Puente Tingo por 52 millones 092 mil 837.82 soles.
♦ La administración de Antonio Pulgar licitaría próximamente la ejecución del expediente de saldo de obra que encargó elaborar al Consorcio Vial de la Selva a precio aún por definir.

CONTRATO VIGENTE

El 19 de agosto del 2019 el entonces gobernador regional, Juan Alvarado Cornelio, firmó contrato con Miguel Thencerá, reresentante legal del Consorcio Puente Tingo para la «Construcción del Puente de Tingo María-Castillo Grande…» por 52 millones 092 mil 873.82 soles y 600 días calendarios de plazo.

Sin embargo, el 2 de setiembre del 2022 el Consorcio resuelve el contrato de manera unilateral afirmando que el Gobierno Regional ha incumplido con pagarle sus valorizaciones de obra de junio y julio del 2022.

El Gobierno Regional bajo la administración de Erasmo Fernández —y con Juan Alvarado prófugo de la justicia— le exigía al Consorcio, como condición para pagarle esas valorizaciones, que cambie sus cartas fianzas emitidas por la Cooperativa Financoop por otras de una entidad financiera autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

El caso fue llevado a arbitraje por el Gobierno Regional el 14 de octubre del 2022. El fallo del Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio e Industrias de Huánuco llegó el 19 de febrero de este año.

El laudo arbitral deja sin efecto legal la resolución de contrato por parte del Consorcio porque —señala entre sus fundamentos— el Gobierno Regional no había incumplido con pagarle sus valorizaciones, pues aún estaba en el plazo para hacerlo cuando se produjo la resolución unilateral del contrato.

Pero, también declara la validez de las cartas fianzas de fiel cumplimiento, adelanto directo, adelanto de materiales y sus renovaciones otorgadas por Financoop al Consorcio. El argumento es que estas fueron emitidas cuando dicha Cooperativa estaba bajo supervisión de la SBS.

«En consecuencia, el Contrato n.º 043-2019-GRH/GR incluida sus modificaciones aprobadas ha recobrado su plena vigencia total y de cumplimiento para las partes a partir del 8 de marzo del 2024», confirma el Gobierno Regional en los fundamentos de la Resolución que firmó Leslie Zevallos.

PONIENDO EL PARCHE
♦ Si bien la resolución que pone fin al contrato con el Consorcio Puente Tingo está firmada por la gerente general del Gobierno Regional, Leslie Zevallos, el documento precisa en dos párrafos de quiénes es la responsabilidad de dicha decisión:
♦ «Se tiene que la Subgerencia de Gestión de Obras y Supervisión y la Gerencia Regional de Infraestructura emitieron informes favorables que sustenta la Resolución de Contrato n.º 043-2019-GRH/GR, siendo responsables de su evaluación y de la información que se ha remitido a la Gerencia General Regional y Gerencia de Asesoría Jurídica», se lee en la página 19 de la Resolución Gerencial General n.º 0071-2024-GRH/GGR del 18 de marzo.

¿SOBREVINIENTE?

Exactamente 28 días después de emitirse el laudo arbitral restituyendo la vigencia del contrato entre el Gobierno Regional y el Consorcio Puente Tingo, la gerenta general del Gobierno Regional emitió la Resolución Gerencial General n.º 0071 -2024-GRH/GGR resolviendo en forma total dicho contrato «por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes».

¿Qué es un hecho sobreviniente? En la página 18 de la resolución —de las 20 que tiene— se lee «que la característica común del hecho sobreviniente y del caso fortuito o fuerza mayor es el que (…) se encuentra fuera de la voluntad y del control de las partes contratantes, de modo que el incumplimiento de las prestaciones pactadas en el contrato resulta inimputable a alguna de ellas».

Entonces, ¿Estaba fuera del control del Gobierno Regional que el Consorcio Tingo María continúe con la construcción del Puente Tingo María-Castillo Grande? La resolución no lo precisa.

Pero, sí dice «que, a la fecha [19 de marzo] la ejecución de la obra se encuentra paralizada (por más de 14 meses), ello a consecuencia primigeniamente a la resolución del contrato de ejecución de obra (contrato principal), así como al amparo de la Ley n.º 31859 y modificado por el DL n.º 1584, Ley que Garantiza la Reactivación de Obras Públicas Paralizadas, hechos que no son imputables a las partes, lo que en la actualidad imposibilita de manera definitiva la continuidad o ejecución de la obra a través de la continuidad del Contrato n.º 043-2019-GRH/GR.» ¿?

La procuradora anticorrupción también ha advertido que el Gobierno Regional resolvió el contrato con el Consorcio Puente Tingo «sin indicar cuál es el hecho que califica como sobreviniente y no imputable a las partes» y considera que esa decisión es «abiertamente incompatible» con el laudo arbitral que señala que el contratista no tenía razones para resolver el contrato y con los informes de Contraloría General de la República cuestionando la calidad de la obra y los problemas derivados de la paralización de la misma «imputables al Consorcio».

Con relación al argumento del Gobierno Regional de que «está obligado a no poner en mayor riesgo la correcta ejecución de la obra», la procuradora responde que al tener esta un avance del 50.79 % —según el mismo Gobierno Regional— no había riesgo de no reiniciarse.

SIN CORTE TÉCNICO

A la falta de precisión del hecho «sobreviniente» que justifique la resolución del contrato, se suma que no se hizo antes el corte técnico de la obra «que permita identificar el estado real estructural de este proyecto».

Prueba de ello es que recién el 29 de abril —a más de un mes de la resolución del contrato— el Gobierno Regional otorgó al Consorcio Vial de la Selva [integrado por Fernando Rafael Lean (quien fue invitado por el Gobierno Regional) y la empresa Mega Project Servicio de Ingeniería SRL.] la buena pro del servicio de consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico de saldo de obra del proyecto Construcción del puente Tingo María-Castillo Grande por 1 millón 174 mil 295.68 soles.

Dicho expediente técnico —según el Informe Técnico n.º 0017-2024-GRH-GRI-SGE-AEAM del 23 de enero 2024 de la Subgerencia de Estudios— se hará en dos etapas: 1) Elaboración del Corte Técnico de Obra (incluye verificación de la obra), 2) Elaboración del expediente técnico del saldo de obra (que será formulado en función del corte técnico) en 55 días calendarios.

SITUACIONES EXTRAÑAS

Para Krupskaia Beraún la emisión de la resolución gerencial que pone fin al contrato con el Consorcio Puente Tingo tiene tres «situaciones extrañas»: 1) Se emitió haciéndose uso de la delegación de funciones; 2) el gerente de Asesoría Legal no lo firmó, sino lo hizo su accesitario el secretario general; 3) el administrador de la obra tampoco lo suscribió y lo hizo el subgerente de obras que —dice la procuradora— años atrás habría trabajado en una de las empresas que conformó el Consorcio Puente Tingo (que está integrado por Constructora Jesús Amigo SRL, Salma Ingeniería EIRL, Giovanni & Alli Contratistas SCRL, Desial SAC y Constructora San Martín de Porras SCRL).

 

El gerente de Infraestructura del Gobierno Regional, Daniel Mallqui, explicó el 17 de abril en conferencia de prensa que, como consecuencia de la resolución del contrato, el Consorcio Puente Tingo no pagará penalidades por las deficiencias en la obra paralizada, identificadas por la Contraloría.

LA VERDADERA CAUSAL DE RESOLUCIÓN

Para la procuradora anticorrupción el Gobierno Regional sí tenía causal para resolver el contrato con el Consorcio Puente Tingo: El impedimento de una de las empresas del consorcio para contratar con el Estado.

Detalla en su denuncia que el Informe de Acción de Oficio Posterior n.º 001-2022-2-5339-AOP del OCI del Gobierno Regional advierte que el Consorcio Puente Tingo contrató con el Gobierno Regional no obstante que la Empresa Constructora San Martín de Porras se encontraba impedida de contratar con el Estado en el departamento de Huánuco porque su gerente general Jorge Luis Gonzáles Aguirre es hermano del juez superior de la Corte de Huánuco, César Gonzáles.

Señala que de este hecho tenía conocimiento el gobernador regional, Antonio Pulgar, y para que no quede dudas el 14 de febrero le envió un oficio pidiéndole información de las acciones que había realizado en atención al referido informe de la Contraloría, «por lo tanto debería haber procedido conforme a ley y no con una resolución de contrato que favorecía al contratista».