Perú, de crisis en crisis

Josué Canchari de la Cruz
Docente Fac. de Ciencias Contables y Financieras – Unheval

En marzo de 2020 empezó la emergencia sanitaria por la pandemia del nuevo coronavirus y la gran parte de las empresas suspendieron sus actividades. Hubo despidos y suspensiones de actividades laborales, bajó la producción de bienes y servicios, la recaudación de tributos cayó de 21.9 % del promedio anual a 15.2 % (la minería continuó con sus actividades y fue fundamental para el pago de tributos), el PBI cayó en 9.4 % con respecto al año anterior, entre otras cifras desfavorables.

Y en ese tiempo la «novela Perú» siempre fue muy activa, con mucha intriga, bajo la dirección del Congreso de la República y el Ejecutivo. Tan es así que cuando asumió el mando el presidente Castillo continuaban los ataques (que se iniciaron en las elecciones presidenciales) y de diversas formas que distraían las acciones del gobierno; no le permitían concentrarse en gobernar.

Los que lo elegimos sabemos que fue el «mal menor» entre una persona sin procesos judiciales y otra con antecedentes judiciales (Castillo vs. Keiko). Y está claro, y lo demostró, el ahora expresidente no tenía la preparación necesaria para conducir nuestro país.

CRISIS POLÍTICA Y SOCIAL

Con el fallido autogolpe, la vacancia de Pedro Castillo y la asunción de mando —todo el 7 de diciembre— inicia una nueva faceta de la «novela». No se hizo esperar el rechazo de la población, exigiendo desde el primer momento la renuncia de Dina Boluarte, la reemplazante de Castillo.

El 12 de diciembre, Apurímac, conocida como Nación Chanka, se declaró en estado de insurgencia popular por la detención del presidente Pedro Castillo y el rechazo a la nueva presidenta Dina Boluarte. El enfrentamiento de fuerzas del orden y la población dejó 8 muertos.

El 15 de diciembre hubo una masacre en Ayacucho, un pueblo aguerrido, luchador y sufrido, que ya había superado el conflicto interno de los años 80 y 90 con la muerte de más de 27 mil personas causadas por el grupo subversivo Sendero Luminoso, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

Durante la protesta, las fuerzas de orden —por desconocimiento, ignorancia, soberbia y, por supuesto, orden de sus superiores— masacraron a los civiles ayacuchanos que en total sumaron 10 víctimas.

El 9 de enero, otro asesinato de 18 civiles y un efectivo policial en la Nación Aymara, un pueblo andino de fuerte cohesión étnica que se sustenta en el uso de su lengua y organización social, que sobrevivió a siglos de explotación económica y culturización forzada por los españoles.

La protesta más cruda se dio en Puno, donde las fuerzas del orden, por recuperar la tranquilidad, forzaron y mataron a civiles que protestaban en las calles exigiendo la renuncia de la presidente Dina Boluarte que, literalmente, escondió la cabeza durante las protestas.

A la fecha, las protestas sociales exigiendo la renuncia de Dina Boluarte han causado la muerte de 50 personas. El Ministerio Público confirmó que todos (excepto un efectivo policial) murieron como consecuencia de una bala o perdigones, por ello las investigaciones se iniciaron para dar con los responsables.

En tanto, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos calificó el suceso como «masacre». Los ministros y la presidenta Dina Boluarte tendrán que asumir su responsabilidad política y penal por las masacres de las personas y responderán ante la justicia peruana y tribunales internacionales.

La crisis política generó la crisis social que empezó en algunos departamentos y ahora los pobladores de diversos departamentos se desplazan hacia la ciudad de Lima a sumarse a la denominada «Marcha Nacional» que se realizará hoy. La presidenta Boluarte y sus ministros, en señal de paz, deben renunciar para dar fin a las protestas sociales que se tiñeron de sangre.

CRISIS ECONÓMICA

Las movilizaciones iniciadas después del fallido golpe del Estado por el ahora expresidente Castillo, vienen generando cuantiosas pérdidas económicas. Las paralizaciones con bloqueo de carreteras, cierre de establecimientos afectan principalmente a los microempresarios que representan el 96 % de las empresas peruanas.

Los sectores más afectados son el turismo en el sur, el comercio a nivel nacional por los bloqueos de carreteras, servicio de transporte de carga y pasajeros, servicio de hoteles y restaurantes, agricultura, entre otros.

En las ciudades donde se realizan las protestas sociales, los precios de alimentos subieron en casi cien por ciento, hay escasez de alimentos de primera necesidad, desabastecimiento de combustible, pérdida de empleo

En el caso particular de la ciudad de Puno, según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, cada día pierde 791 mil soles a consecuencia de la protesta social.

Las paralizaciones de las actividades económicas por protestas sociales perjudican a las empresas que dejan de percibir por las ventas, al Estado que deja de percibir el tributo y a las personas por las escasez, el incremento de precios y la tranquilidad.

     
 

Deja una respuesta