¿Qué tienen en común la amnistía para violadores y otras leyes aprobadas?
Tenía apenas 17 años cuando los soldados la violaron en 1984. Como ella, cientos de mujeres y niñas de entre 13 y 45 años sufrieron agresiones sexuales sistemáticas en los distritos de Manta y Vilca, Huancavelica, durante el conflicto armado interno. Cinco de las nueve víctimas que lograron denunciar formalmente quedaron embarazadas a causa de las violaciones. Sus testimonios revelan una práctica generalizada de terror sexual que se extendió hasta 1995, y afectó especialmente a adolescentes de 14 a 16 años. En total, hasta 1991 se registraron 538 mujeres víctimas de violación sexual en estos distritos.
Recién en junio de 2024, cuarenta años después de los primeros hechos, la justicia peruana dictó una sentencia histórica: diez de los trece militares implicados fueron condenados a penas de entre 6 y 12 años de prisión por crímenes de lesa humanidad. Sabino Valentín Rutti recibió la pena más alta, con 12 años; mientras que Martín Sierra Gabriel fue sentenciado a 8 años y Pedro Chanel Pérez López, a 6 años. Tres acusados permanecen prófugos.
Sin embargo, el 11 de junio de 2025, 61 congresistas de Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso (APP), Renovación Popular, Podemos Perú, Somos Perú, Honor y Democracia, y Avanza País —las bancadas de gobierno— aprobaron que todos esos sentenciados queden impunes, junto con otros 750 casos de asesinatos, secuestros y otros delitos cometidos por personas que portaron los uniformes de la Patria, incluyendo 156 casos con sentencia firme.
Anhelamos un país regido por normas que favorezcan la justicia y el desarrollo personal, familiar, regional y nacional.»
Al día siguiente, esos mismos congresistas más 31 adicionales aprobaron otra modificación a la Constitución en su artículo 93 para restablecer la inmunidad parlamentaria, eliminada en 2021, de manera que los senadores y diputados elegidos a partir de 2026 no sean procesados ni detenidos sin previa autorización de sus colegas congresistas por violaciones, proxenetismo, asesinatos, extorsiones, coimas, tráfico de influencias ni ningún delito que cometan durante su período.
En la misma semana, aunque con solo 43 votos (menos de un tercio del total), aprobaron rebajar casi a la mitad —de 29.5% a 15%— el impuesto a la renta a las empresas con ganancias de más de 744 mil soles (140 UIT), vía la Ley Chlimper 2.0, llamada así porque la empresa del empresario fujimorista Chlimper es una de las pocas —menos de 20— que accedería a ese beneficio. Este supone una pérdida de 1 880 millones de soles anuales para el financiamiento de la compra de medicamentos, el mantenimiento de locales escolares, el mejoramiento de vías y, en general, las inversiones públicas.
¿Qué tienen en común estas leyes? Que benefician a muy pocas personas y nos perjudican a los más de 30 millones de peruanos y peruanas que anhelamos un país regido por normas que favorezcan la justicia y el desarrollo personal, familiar, regional y nacional.
Por ello, urge derogarlas lo antes posible, junto con las leyes procrimen. Esto, a su vez, requiere impedir que las bancadas que las han aprobado permanezcan con poder congresal e, inmediatamente, proceder a generar una nueva Constitución que sujete a los nuevos congresistas al poder de sus electores, sin privilegios de ningún tipo.
Se lo debemos a las víctimas del pasado, como las de Manta y Vilca, y a las que hoy padecen por la falta de directivos públicos comprometidos con el buen servicio en cada uno de los sectores del Estado.