El viernes 19 de julio quiénes estuvimos atentos a la recuperación del predio ubicado en la media manzana delimitada por los jirones 28 de julio, Constitución y Hemilio Valdizán, asistimos al desvelamiento de naturaleza de los ocupantes del llamado «Club Central»: un grupo de delincuentes.
El sábado 14 de julio se encontró el cuerpo asesinado del defensor de derechos humanos ambientales Mariano Isacama Feliciano, originario de la Comunidad Nativa Puerto Azul del pueblo indígena Kakataibo. Había estado desaparecido por 24 días.
La primera semana de julio hemos presenciado la conclusión de un ciclo en la historia de la corrupción y el crimen organizado en Perú, con los siguientes acontecimientos:
Entre los proyectos de ley listos para votación en el Congreso, está el que pretende intervenir a las asociaciones civiles que reciben cooperación internacional (ONGs). Su votación se postergó tras la preocupación expresada por 17 embajadas, advirtiendo que estas normas «restringirían la capacidad de la sociedad civil para operar».
La semana pasada un informe del Consejo de Mujeres Awajún indicó que hay 524 denuncias de abuso y acoso sexual entre 2010 y 2024 contra docentes de la provincia de Condorcanqui, territorio awajún y wampis. Posteriormente, una vocera del gobierno territorial autónomo de la nación wampis precisó que en dicha provincia se denunciaron 175 docentes por estos delitos contra estudiantes wampis del nivel primaria y secundaria, pero solo 121 fueron separados en toda la provincia.
Seguros de que su mayoría, mal ganada, les da impunidad para barbaridades de diverso tipo, los congresistas de Fuerza Popular y aliados han arremetido nuevamente contra la justicia. Esta vez contra la justicia que hace décadas esperan víctimas de crímenes atroces. Como en otras ocasiones, lo han hecho con descaro y torpeza, aprobando un proyecto de ley que busca cortar las investigaciones, procesos y sanciones por delitos a la vez horrendos y complejos perpetrados antes de 2002, llamados de lesa humanidad o crímenes de guerra.
Una vez más, sin debate ni aviso previos, la mayoría congresal legisló contra sus electores al eliminar los movimientos regionales, volviendo a confirmar lo adecuado de llamarla dictadura congresal. En efecto, en primera votación impuso la reforma del primer párrafo del artículo 35 de la Constitución suprimiendo de su articulado a los movimientos regionales como organizaciones mediante las cuales «Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos… (concurriendo) a la formación y manifestación de la voluntad popular».
Desde el 20 de mayo quiénes tienen aportes pensionarios en administradoras de fondos de pensiones (AFP), vienen inscribiéndose para retirar hasta un máximo de 20 mil 600 soles. Ante el fracaso de las iniciativas de reactivación lanzadas por el gobierno de Dina Boluarte y su mayoría congresal —que empieza a dividirse— este retiro, hasta en 4 partes, de una unidad impositiva tributaria (S/ 5150 ) cada una, supondrá un alivio para las personas afectadas por la recesión o desempleo que la incompetencia y frivolidad de este gobierno han generado.
Todos conocemos alguna persona que ha sido asaltada. Quizá de camino de su casa al trabajo o en un bus. O a alguien a quien le han robado el celular, quizá nosotros mismos. Sabemos también de extorsiones a empresarias o empresarios, especialmente de pequeñas o medianas empresas, incluso de salones de belleza o restaurantes
Nos hemos enterado, de un lado, del aumento de la pobreza y la pobreza extrema en todo el Perú. Es decir, de las personas a las que no les alcanza para comer todos los días. Y de otro lado, de que el año 2023 la presidenta Dina Boluarte se dio una licencia a sí misma, informalmente (ella tiene derecho a vacaciones, que deben registrarse) para hacerse una cirugía estética. Esto, sumado a su compulsión por el uso de joyas y relojes costosísimos y que ella no podría pagar con su sueldo, nos muestra una venalidad extrema, que tiene como correlato el descuido total de las políticas en favor de la población, especialmente de la más vulnerable.
