¿Hasta cuándo la criminalidad gubernamental seguirá agravando la pobreza en el Perú?
Todos conocemos alguna persona que ha sido asaltada. Quizá de camino de su casa al trabajo o en un bus. O a alguien a quien le han robado el celular, quizá nosotros mismos. Sabemos también de extorsiones a empresarias o empresarios, especialmente de pequeñas o medianas empresas, incluso de salones de belleza o restaurantes. El Instituto Nacional de Estadística e Informática ha confirmado esta percepción, en su reciente informe sobre evolución de la pobreza monetaria hasta el 2023, que incluye datos sobre salud, educación, vivienda, empleo y seguridad ciudadana. Allí nos informa que la población urbana de 15 y más años víctima de algún hecho delictivo, aumentó el año pasado en 4,2%, llegando hasta el 27,1%.
Este aumento no es casual. La delincuencia callejera es consecuencia de la delincuencia gubernamental, que este año llegó al extremo de que el anterior ministro del Interior desmanteló al equipo policial que investigaba casos de corrupción en el poder y había llegado a evidenciar que el hermano de la presidenta Dina Boluarte traficaba con puestos en prefecturas y subprefecturas a cambio de dinero, buscando convertirlas en bases de un partido político de apoyo al gobierno de su hermana. Tan concentrado estaba el ministro en proteger a la corrupción en el gobierno, que incluso había dejado operar a los terroristas que habían dinamitado torres de alta tensión en La Libertad y asesinado a trabajadores de una minera legal en dicho departamento. Por no hablar de su inacción ante las distintas bandas de extorsión que vienen proliferando allí donde hay actividad económica. O su desidia ante el incremento de delitos ambientales como la minería o la tala ilegales. Finalmente, ante el escándalo y su evidente fracaso e incompetencia, renunció; pero en su lugar Dina Boluarte ha colocado a un abogado con experiencia en defender policías denunciados por cometer delitos.
Que en lugar de combatir el crimen, prefiera encubrir los delitos de su hermano no es de extrañar en una persona que enfrenta cargos por el asesinato de 49 manifestantes durante protestas contra su gobierno ilegítimo, así como por enriquecimiento ilícito al incrementar su patrimonio con lujosos relojes y pulseras. Joyas que contrastan con el incremento de la pobreza, monetaria y multidimensional. Precisamente, ser víctima de la delincuencia es una manera de ser pobre, condición que no solo implica carecer de bienes materiales, sino también de oportunidades para una vida digna: falta de educación, atención médica, empleo, seguridad.
Como se indicó en una columna anterior, el agravamiento de la pobreza y el desempleo han sido consecuencia de la delincuencia y corrupción gubernamental. Males que acaban de ser justificados por las bancadas congresales de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Somos Perú, Acción Popular y la mayoría de Bloque Magisterial, que volvieron a unirse para impedir que se debatan mociones de vacancia presentada por Juntos por el Perú – Cambio Democrático, no agrupados y Perú Libre.
Para contener el aumento de la pobreza, el desempleo y la inseguridad, constitucionalmente queda el camino de acortar el periodo gubernamental para tener nuevas elecciones en 2025. Sin embargo, sin nada que esperar de los congresistas que blindan al gobierno responsable de dichos males, sólo nos queda acrecentar la presión ciudadana recordando que los elegimos para representarnos.