Funcionario de Pulgar trabajó dos meses estando sentenciado por corrupción

El exdirector de Abastecimiento del Gobierno Regional, Edwin Fernández Cotrina, fue sentenciado por corrupción en octubre del año pasado, pero se mantuvo en dicho cargo hasta el último día del 2023, a pesar de su inhabilitación.

El 31 de octubre el gobernador regional, Antonio Pulgar, fue notificado de la condena contra su funcionario de confianza, sentenciado a cinco años de prisión e inhabilitación para ejercer cargo público por un hecho ilícito cometido cuando Fernández trabajó en la gestión de Luis Picón Quedo.

Pulgar derivó el documento a la Gerencia General Regional, que a su vez lo derivó a la directora de Recursos Humanos, Carla Sotil Ponce, el 9 de noviembre. Lejos de gestionar su destitución, como lo ordena la Ley, la directora «demoró el acto funcional de gestionar la desvinculación» de Edwin Fernández, advierte el Órgano de Control Interno (OCI).

El informe de control detalla que, retardando la desvinculación del funcionario, Sotil Ponce pidió una opinión legal a la Gerencia de Asesoría Jurídica. Luego, elevó una serie de consultas a Servir para determinar si procedía la desvinculación del Director de Abastecimiento.

Esto, a pesar de que el artículo 39 de la Constitución Política del Perú señala que están impedidas de ejercer la función publica «las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices».

El 28 de diciembre, el personal del OCI acudió a la oficina de Recursos Humanos para constatar la demora en la destitución de Fernández y justo ese mismo día, tras la inspección del OCI, la directora de Recursos Humanos emite un informe recomendando al gobernador dar por concluida su designación. Esa misma noche el gobernador emite la resolución ejecutiva regional que da por concluida la designación de Fernández Cotrina.

«Ha quedado demostrado que la conducta realizada por la señorita Carla Jackeline Sotil Ponce, directora de Gestión de Recursos Humanos, manifiesta el verbo rector de retardar (incluso de connotación penal)», sentencia el informe de control concurrente.

También señala que por la demora del acto de desvinculación, Edwin Cotrina Fernández cobró 18 mil soles por dos meses de trabajo en el Gobierno Regional, después de haber sido inhabilitado