Pide que a Rodríguez le varíen prisión preventiva por prisión domiciliaria

Este viernes la Sala Penal de Apelaciones resolverá el recurso de apelación interpuesto por la exgerente regional de Desarrollo Social, Luz Rodríguez Ramos, sobre quien pesa una orden de prisión preventiva por el caso laptops.

Después de que la Sala lea la resolución de Luz Rodríguez, el abogado de su coacusado Luis Bedregal Gonzales expondrá sus fundamentos de la apelación, y el tercero en hacerlo será el abogado del gobernador regional y también prófugo, Juan Alvarado.

En tanto el también acusado Darwin Campos desistió de su recurso de apelación, pues ya no se encuentra en prisión. Él fue el único que se entregó a la justicia luego de dictarse la medida coercitiva para los 4; pero fue liberado un mes después.

Ayer el abogado de la exgerente de Desarrollo Social del Gobierno Regional, Luz Rodríguez, Juan Marrojo Cortez, expuso los alegatos que fundamentan su recurso de apelación en contra de la prisión preventiva dictada en su contra. El letrado sostiene que la exfuncionaria tiene arraigo laboral, pues trabaja en una clínica de la ciudad. También tiene un hijo de 9 años «que depende de su madre».

Subrayó que dicho menor padece de asma, vive en la ciudad de Huánuco y estudia en la institución educativa Divina Misericordia.  «Consideramos que debe haber, en todo caso, prisión domiciliaria para que ese niño no se vea afectado», invocó la defensa de Rodríguez.

En cuanto su participación en el caso de la compra irregular de 7 mil 995 laptops, el abogado asegura que la entonces funcionaria de confianza de Juan Alvarado no actuó con dolo. «Mi patrocinada es obstetra, por lo tanto, desconoce del objeto materia de investigación, que es un tema muy técnico, sobre las laptops», indicó.

Y es que a Luz Rodríguez se le acusa por «avalar o certificar» el informe de estandarización con el que se direccionó la compra de laptops a la marca Lenovo, según sostuvo el fiscal que rebatió el recurso de Apelación, Jeremías Rojas Velásquez.

Rojas Velásquez recordó que la exgerente firmó la resolución para conformar el comité de recepción después que ya se había emitido la conformidad de la orden de compra. «Por lógica, esta comisión debió estar conformada antes», precisó el fiscal.

En la réplica, el defensor de la exgerente evocó el testimonio de otro de los coacusados, Edwin Campos Soto. «El señor Campos en ningún momento menciona a la señora Luz en su manifestación sobre presuntos encuentros o reuniones para definir la estandarización».

También cuestionó el informe de la Contraloría General de la República que reveló las irregularidades en la adquisición. «No hemos cuestionado siquiera si los profesionales que hicieron esta pericia son idóneos o si es que los contenidos del informe se ajustan a hechos reales», subrayó.

«Lo importante para tener la figura del ilícito penal de colusión agravada es ver en qué momento se hicieron los pagos. ¿Los pagos se dieron de inmediato una vez que se hizo la conformidad? ¡No! Estos pagos se hicieron a fines de enero del 2022», subrayó.